Sánchez se podemiza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, se han instalado en un pulso político permanente. Muchas veces ni siquiera hay nada sustancial debajo de ese pulso, más que la confrontación por la confrontación porque a derecha y a izquierda sienten la presión de sus competidores, de Podemos y de Vox.

Pero en este órdago estable de unos contra otros se están saltando líneas rojas que alarman a los principales representantes de los pilares en los que se sostiene la democracia. En estos días se ha podido escuchar en el ámbito jurídico, en círculos empresariales y en la política que ha estado en primera línea una reflexión muy parecida sobre las consecuencias de «dinamitar las bases de la convivencia».

Y esta preocupación, de quienes no están midiendo votos ni haciendo cálculos electorales, no distingue de siglas ni a derecha ni a izquierda. En ella coinciden ex ministros del PSOE y del PP, por ejemplo, en conversaciones informales fuera de micrófono.

La iniciativa y la principal responsabilidad la tiene el «sanchismo», como tutor del Gobierno. En estos últimos meses, después de superar la primera ola de la pandemia, las decisiones de Moncloa han sonado a amenaza a dejar «tierra quemada» bajo sus pies para mantener el poder. Como si en la sombra, el vicepresidente Pablo Iglesias, en teoría más debilitado que nunca, fuera el que estuviera dando sus pasos más seguros hacia el objetivo de hacer saltar las instituciones desde dentro. La Corona, el Poder Judicial o el Parlamento: las principales instituciones están sometidas a este pulso político, que las está desgastando ante la ciudadanía, con cada «golpe» pierden más credito, y la estrategia responde más a una meta de Unidas Podemos que del PSOE.

En la órbita popular reconocen que el bloqueo del PP en la renovación del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales ha acabado por convertirse en un «simple pulso político entre Sánchez y Casado», en el que el líder popular se siente maniatado por la influencia de su derecha.

Pero la reforma legislativa apadrinada por el PSOE y Unidas Podemos para forzar el final del bloqueo es un ataque a la Constitución en su esencia porque implica poner al Poder Judicial al servicio de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. «Es como si la hubiera diseñado Podemos, y Sánchez la hubiera asumido como propia». La reflexión de un ex ministro socialista concuerda con el análisis que hacen otros dirigentes del viejo PSOE, que mantienen responsabilidades de gobierno en el «sanchismo».

La paradoja es que esta imagen de un control programático del Gobierno por la parte morada coincide con un momento en el que la endeblez de Pablo Iglesias parece máxima por la situación de su partido y por su propia situación personal, bajo el peso de la investigación del «caso Dina». Iglesias no está en condiciones de romper el Gobierno ni de desestabilizarlo porque fuera de él no tiene nada, «está en manos del ministro de Justicia y de la fiscal general del Estado». Pero, sin embargo, en el PSOE menos «sanchista» critican que esté consiguiendo que «nuestro guion se aproxime lo más posible a su discurso y a sus objetivos».

El PSOE no está haciendo de muralla de la invasión populista en las instituciones, sino que parece que está facilitando que Podemos haga su revolución desde dentro. Contra la Constitución, contra la Jefatura del Estado, contra los grandes acuerdos de Estado. Vox hace el mismo papel con el PP, si bien la gestión de la táctica de la polarización desde el Gobierno de la Nación puede afectar con sus decisiones a la vigencia de los grandes consensos constitucionales y de la Constitución en sí misma. Sin duda, el electorado de izquierdas y de derechas más pasional se siente identificado con este choque de trenes, aunque «el daño al sistema puede ser irreversible».

En los despachos de las togas y en los de la vieja política jubilada todavía confían en que pueda haber un acuerdo en la renovación de los órganos fundamentales del Estado, que están bloqueados por la falta de acuerdo. El problema es que las dos partes han llegado tan lejos que cada vez les resulta más difícil dar marcha atrás sin defraudar a sus respectivas parroquias.

Con la sociedad estrangulada por la pandemia, y por sus efectos económicos y sociales, la agenda del Gobierno y la de una parte de la oposición alimenta esa polarización a la que fían la supervivencia política, a costa de un serio debilitamiento de las bases del sistema constitucional.

En la del Gobierno entran la nueva ley de memoria histórica, la amenaza de cambiar el régimen de mayorías para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma penal para rebajar las penas por los delitos de sedición y rebelión, el ruido sobre el indulto a los presos independentistas para hacer tabla rasa con el juicio contra el «procés» y los pactos parlamentarios contra los enemigos del sistema. Y todo ello forma parte de una política de desmontaje institucional en la que el PP, por miedo a Vox, puede colaborar implícitamente desde sus funciones en la oposición. «El vicepresidente Pablo Iglesias y el independentismo catalán y vasco comparten, con distintos métodos, el objetivo de demoler el modelo constitucional. Y quienes en teoría están en contra, colaboran con sus propias estrategias electorales en un deterioro que habrá que ver si tiene vuelta atrás», considera un ex ministro socialista.

En el caso del centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox siguen políticas opuestas, estrictamente oportunistas y electorales en la mayor parte de las ocasiones, y cegados por la pulsión política se dejan arrastrar a donde quieren llevarles los aliados antisistema porque «no hay política de Estado». Ciudadanos ha decidido jugar una tercera vía, y PP y Vox pelean por ver «quién sostiene mejor la bandera de España o agarra con más fuerza la figura del Rey, con lo que entre todos están dejando campo abierto para que la izquierda radical y el independentismo avancen en sus objetivos desestabilizadores». Y todo esto «en medio de un pandemia sin control y sin plan consensuado para recuperar el control», argumenta un ex ministro de Justicia del PP.

Los presidentes autonómicos de uno y otro color pelean como pueden contra la mala evolución de la pandemia, cuando el criterio epidemiológico mayoritario coincide en señalar que el Gobierno de Sánchez debería establecer limitaciones más estrictas en toda España. Y asumir el control y la coordinación que le reclamaba el principal partido de la oposición hasta que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se puso al frente de la rebelión contra las restricciones de Sanidad.

España está en rojo y las infecciones que se están diagnosticando ahora tendrán su hospitalización dentro de varias semanas, un falso retardo que sirve a la política para dar una seguridad que ellos mismos saben que no existe. La pandemia avanza ahora más despacio, pero no por eso va a hacer menos daño, y «la lucha política está ayudando a que nos atropelle el mismo tren con la excusa de que va más lento», advierten desde una de las consejerías autonómicas más golpeadas por el virus. Desde el ámbito autonómico, el discurso más técnico alerta de que la máxima autoridad sanitaria, el Ministerio, debería repensar y revaluar todo. El ruido político está distrayendo la atención de lo importante: «No se trata solo de confinar. Hay que revisar las medidas de protección, los fallos en el rastreo, los protocolos». La conclusión es que la gestión política no ha sabido aprovechar la tregua que el virus dio en los meses de mayo, junio y julio, «y en vez de rearmarnos nos dedicamos a pelear»._