«El PSOE no puede ceder nada al PP. Es rehén de sus socios»

El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió el pasado viernes dos años desde que cumplió su mandato y empezó a estar «en funciones». El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tenía esperanzas de que la renovación se podía llevar a cabo la pasada semana, antes de la significativa fecha de la conmemoración de la Constitución, pero finalmente sus deseos no se han visto cumplido. Lo cierto es que, a día de hoy, con la «amenaza» de la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos para que un Consejo en funciones no pueda realizar nombramientos y otra para cambiar las mayorías necesarias para la designación de los 12 vocales de extracción judicial, el panorama no parece muy halagüeño para que se pueda lograr a corto plazo, pese a que desde el Gobierno se sostenga que el acuerdo está «prácticamente cerrado».

A la hora de buscar «culpables» de esta situación, no hay una opinión unánime. Así, hay quien no duda en responsabilizar al PP, y en concreto, a su líder, Pablo Casado, mientras que otros lo focalizan también en esas iniciativas planteadas por los dos socios de Gobierno.

El vocal del CGPJ y magistrado José Antonio Ballesteros no tiene dudas de que, responsabilidades aparte, hay una clara víctima de esta falta de acuerdo: el propio Consejo General del Poder Judicial. «Es la propia institución la que es víctima de la falta de acuerdo entre los partidos», mantiene.

Pero, además, «culpa» también al actual sistema de elección de los 12 vocales de extracción judicial por parte del Congreso y Senado. Por ello, considera que es urgente y necesario «volver al primigenio consenso constitucional sobre elección» de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, es decir, por los propios integrantes de la Carrera Judicial. De llevarse a cabo esta modificación «estas situaciones anómalas no podrían suceder y por eso la Constitución, sin vacío legal alguno en contra de lo que afirma la proposición de Ley –la relativa a bajar la mayoría necesaria–, nada tenía que prever».

Juan Martínez Moya, vocal del CGPJ y también magistrado, sostiene que ante la situación actual que vive el Consejo, pendiente de su renovación, «ahora más que nunca se pone a prueba, por una parte, cumplir el papel de órgano autónomo y no subordinado a los demás poderes públicos y, por otra parte, garantizar su finalidad de privar al gobierno de injerencias en las funciones –entre ellas los nombramientos– que la Constitución asigna a un órgano autónomo y separado encargado de velar por la independencia de jueces y magistrados».

Junto a ello, y además de reclamar una «renovación de la institución, sin más dilaciones», incide en que el estar el Consejo en funciones no puede nunca afectar a las funciones que tiene encomendadas «en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario», pues lo contrario «incumplir la propia norma fundamental», es decir, la Constitución, «y quebrantar el funcionamiento de una institución del Estado».

Por su parte, la vocal y magistrada del TSJ de Valencia Carmen LLombart, no duda en afirmar que la situación actual provoca que se dé «una imagen de guerra partidista». Sin embargo, rechaza de plano que la responsabilidad de que no se haya renovado el Consejo pueda atribuirse en exclusiva al PP, sino más bien apunta al PSOE, el cual, afirma, «no puede ceder nada a los populares por la presión de sus socios, de los que es rehén, y que tienen posturas contrarias a las que defiende la Unión Europea respecto al modelo de Poder Judicial, infringiendo los estándares europeos».

Tampoco duda en defender que pretender prohibir que un Consejo en funciones pueda realizar nombramientos –como reclaman PSOE y Unidas Podemos en su Proposición de Ley– no contribuye en nada a poner fin a esta situación. «El CGPJ, que fue un éxito de la Constitución al garantizar la separación de poderes, la independencia judicial, no es representación del Congreso ni de los partidos, y prohibir una de las funciones que le otorga la propia Constitución, como es la de realizar nombramientos, es algo muy fuerte y supone una injerencia en las facultades que la Constitución otorga al CGPJ».

En cambio, quien sí responsabiliza en exclusiva al PP es el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia Alfonso Villagómez: «Es la tercera vez que el partido presidido por Pablo Casado se resiste a cerrar acuerdos en las instituciones en el plazo previsto para ello por la Constitución».

Así, recuerda que, además del CGPJ está también la renovación de cuatro magistrados del TC, «pues aunque se eligiera a dos magistrados a propuesta suya –del PP– y otros dos del PSOE, se mantendría la mayoría conservadora actual. Eso sí, en cambio, se perdería esta mayoría conservadora en el CGPJ. Quizá es lo que verdaderamente explica las renuncias populares al acuerdo».