Sánchez esquiva el control: 65 días sin rendir cuentas

La crudeza con la que la tercera ola de la Covid golpea España no altera los plazos del Gobierno para rendir cuentas ante la ciudadanía y el Congreso de los Diputados sobre la gestión de la enfermedad.

El Congreso echó el cierre el pasado 17 de diciembre a la actividad parlamentaria debido a las vacaciones estivales y, a pesar de la transmisión comunitaria que azota a España –826,57 casos por cada 100.000 habitantes según el último informe de Sanidad– ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han comparecido en enero en la Cámara, como reclamaba la oposición y hasta sus socios de Gobierno entre críticas de «opacidad». De hecho, el ministro del ramo sanitario dimitirá hoy de sus responsabilidades de Gobierno sin haber dado una última explicación.

Enero es un mes inhábil en política, al igual que julio y agosto, sin embargo, sí se podría haber celebrado un pleno extraordinario en el que el Ejecutivo se sometiese al control parlamentario, con más urgencia si cabe ante las situación de excepcionalidad que vive el país. De hecho, durante este primer mes del año sí han tenido lugar varias comisiones parlamentarias con el objetivo de examinar a los futuros consejeros de RTVE, las primeras jornadas de trabajo sobre la comisión «Kitchen», varias reuniones en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este mismo jueves se celebrará el debate de las enmiendas a la totalidad a la reforma del CGPJ impulsada por PSOE y Unidas Podemos.

Una imagen que contrasta con la inacción por parte del Ejecutivo, que, sin embargo, no ha decidido acelerar los plazos estimados de respuesta a pesar de que en enero se han contabilizado ya hasta 4.000 muertes por la Covid, una dramática situación a la que se sumó la incidencia del temporal Filomena durante los primeros días de enero y por la que desde el PP y Cs también han reclamado la acción del Gobierno en el Congreso.

La última comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso fue el pasado 16 de diciembre, cumpliendo así con su compromiso con sus socios de someterse al control político cada dos meses hasta el mes de mayo, fecha en la que finaliza el estado de alarma. Sin embargo, hasta que el presidente del Ejecutivo regrese a la Cámara Baja pasará un máximo de 65 días, dos meses. El PSOE confirmó ayer que Sánchez se someterá al control parlamentario antes del día 19 de febrero. Llegará a la cita después de las críticas de las comunidades autónomas por la negativa de Sanidad a modificar el estado de alarma para limitar el toque de queda nocturno por territorios, o al rechazo al confinamiento domiciliario. Según Sanidad los instrumentos actuales que ofrece el estado de alarma son «suficientes» para dar respuesta al incremento de casos.

Por su parte, el ministro de Sanidad dejará hoy su cargo sin una comparecencia final ante los diputados y diputadas. La última vez que se sometió a las preguntas de sus Señorías fue el pasado 26 de noviembre en la Comisión de Sanidad. El hecho de que el ministro dimita sin pasar por el Congreso provocó ayer las críticas de todos los partidos desde el PP hasta Vox y entre los socios desde Unidas Podemos hasta Bildu. La Diputación Permanente debatía ayer la fecha de comparecencia de Salvador Illa, sin embargo será su sustituto quien acuda esta misma semana a petición del PP, ERC y Bildu, a la Cámara Baja para rendir cuentas sobre el estado de alarma y por la dedicación –del que entonces será ex ministro– a la campaña electoral catalana. Su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, criticó ayer como «error grave» que el ministro no acuda al Congreso. Desde el PP censuraron que usara «el Gobierno como trampolín para generar el efecto Illa en Cataluña». Fuentes del PP recordaban ayer que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría haber convocado la reunión de la Diputación Permanente en una fecha anterior y no haber retrasado la cita que fija la fecha de la comparecencia de los ministros a últimos de mes. Desde Bildu reprobaron al ministro porque, a su juicio, «parece que la razón de partido puede más que la de Estado».

El resto de comparecencias acordadas se sucederán la semana que viene cuando los ministros de Transportes y de Interior se defenderán de su gestión ante el temporal. La vicepresidenta Nadia Calviño acudirá al Congreso el 4 de febrero para informar del Plan de Recuperación y la gestión de los fondos europeos.