El “affaire” Rodríguez

Hay asuntos que llegan a las páginas de los periódicos o a las cabeceras de los informativos para quedarse. Como si se tratara de culebrones de la actualidad, vamos conociendo su evolución a través de los días y con el tiempo desgranamos todas sus claves, sus aristas y sus distintos puntos de vista. Sin duda, el caso de la pérdida del escaño del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha sido uno de estos temas que se han ido desarrollando por capítulos y que han concitado toda la atención mediática, pero, además, visto con cierta perspectiva, resume la mayoría de los males que afectan a la política española de los últimos años. Como si se tratara de una metáfora (casi) perfecta de nuestro tiempo y sus debilidades. El «affaire» Rodríguez recoge hitos que van desde la irrupción de la nueva política hasta el cuestionamiento, habitual y sistemático, de las decisiones judiciales, las tensas y complejas relaciones entre el Poder Judicial y la política, los juicios paralelos de las redes sociales y la falta de reflexión y respeto (de algunos) a las instituciones y los procedimientos que nos hemos dado para la vida en común. Todo esto, que refleja la peor cara de nuestra convivencia, se concentra en torno al hecho concreto de la pérdida de la condición de diputado de Rodríguez y puede permitirnos extraer alguna lección de su análisis para evitar reproducir comportamientos en el futuro. Veamos.

Veredictos paralelos

Su propia llegada al Congreso ya fue paradigmática y no pasó en absoluto inadvertida: sus rastas (junto con el bebé de Carolina Bescansa y algún que otro gesto más de aquella breve XI Legislatura) representaron la entrada en las instituciones de eso que se llamó la nueva política y que irrumpió con su adanismo en la Carrera de San Jerónimo. Con el paso del tiempo, y dejando a un lado lo superficial del asunto, la actividad parlamentaria cotidiana se impuso, a la espera, eso sí, de conocer qué determinaría la Justicia respecto de unos hechos que habían ocurrido en una manifestación en enero de 2014. Se acusaba al miembro de Podemos de haber propinado una patada en la rodilla a un policía y, por su condición de aforado, correspondía al Tribunal Supremo resolver. La sentencia determinó su culpabilidad y, a partir de ahí, se desencadenó otro de los males de nuestra sociedad actual: el veredicto de las redes sociales versus el veredicto de la Justicia. Esa especie de ágora pública virtual se convirtió en un foro de detractores y partidarios de Rodríguez, donde le atacaban o defendían según el nivel de simpatía a los colores morados de Podemos. Más allá del debate jurídico sobre la resolución de un tribunal (perfectamente lícito siempre y más aún en un caso como éste que afecta a la pérdida de los derechos de representación política), lo que resulta inasumible para una sociedad democrática consolidada es el choque explosivo entre los distintos poderes del Estado y la «partidización» de cada recoveco de la vida pública. Al vodevil de la entrega o no del acta de diputado, protagonizado por el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con una sucesión de interpretaciones, reinterpretaciones y aclaraciones varias que culminaron con la entrega final del escaño, se sumó la participación inestimable de la ministra Ione Belarra que acusó al Supremo, directamente y a través de un tuit, de un delito de prevaricación. Un eslabón más de la cadena de extralimitaciones que van socavando la credibilidad de unas instituciones que no pueden soportar más descrédito. El asunto de fondo sigue abierto (los recursos están pendientes y hasta la Fiscalía del Supremo plantea sus dudas), pero por el camino deja suficientes pistas sobre el modelo de sociedad que estamos construyendo: con escasa capacidad de reflexión, excesos partidistas y una polarización tan marcada como insalvable. El balance no resulta muy positivo, pero ¿servirá, al menos, para aprender algo?