Los jueces piden responsabilidad a los políticos en sus manifestaciones sobre las resoluciones judiciales

Las cuatro asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto -en un consenso que no es tan común- este lunes para pedir responsabilidad a los políticos en sus manifestaciones sobre resoluciones judiciales. Los magistrados lo hacen después de las “descalificaciones personalizadas” que sienten que se están produciendo en el último tiempo.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JyJpD) recalcan que es necesario que las resoluciones judiciales “estén sometidas a crítica” como parte de un “fundamento esencial de nuestra cultura democrática”. Entienden, además, que la vía para ello es el recurso a cualquier decisión judicial contra la que se esté en desacuerdo.

Sin embargo, las asociaciones hacen un “llamamiento a la prudencia” de los representantes políticos, quienes, “por posición, deben actuar con especial sensatez y moderación”, y “les exhortamos a que se abstengan de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones, especialmente la independencia judicial”. Les piden que refuercen, de hecho, esta imagen ante la ciudadanía.

Este comunicado se emite en un contexto en el que se han producido algunas sentencias condenatorias a políticos. La última, el pasado 12 de noviembre con la condena de la Audiencia Provincial al diputado y portavoz de Podemos, Pablo Echenique, y al secretario de comunicación, Juan Manuel del Olmo, por la intromisión ilegítima en el honor de un joven que fue asesinado en Leganés. El fallo condenaba a ambos a indemnizar con 80.000 euros al hermano de un joven asesinado en la localidad en 1990. En el crimen se dictaminó que Pilar Baeza, candidata de Podemos, había sido cómplice del mismo. Echenique y del Olmo habían mostrado su apoyo a la candidata en 2019 argumentando que fue violada por la víctima, extremo considerado por la justicia como una intromisión ilegal en el honor del asesinado.

Tras conocer la sentencia, Echenique señaló directamente al juez del caso en su cuenta de Twitter: “Que el juez que nos condena a pagar 80.000 euros por dar veracidad a una mujer que dijo haber sido violada se llame Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo, sea pariente del marido de Cospedal y hayan apadrinado su boda los condes de Barcelona explica muchas cosas sobre este país”. También, dirigentes como Juan Carlos Monedero se pronunciaron sobre la resolución judicial: “Hay sentencias que rompen la confianza de la justicia. Si eres del PP y llamas terrorista al padre del vicepresidente del gobierno todo bien, si eres de Podemos y dices ‘hermana, yo sí te creo’, te crujen”.

O el exvicepresidente Pablo Iglesias, que comparó el caso con las manifestaciones que hizo la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo llamando a su padre terrorista. “Mi padre jamás fue condenado por terrorismo sino por repartir octavillas contra Franco. Por tanto la justicia va a condenar a pagar a 80.000 euros a doña Cayetana y a todos los jefes del PP y Vox que dijeron lo mismo, ¿A que sí?”.

Todo esto, se enmarca en un contexto de cierta agitación tras la condena al también exdiputado morado Alberto Rodríguez por la patada a un policía. La sentencia terminó por provocar que se le retirara el escaño después de un rifi-rafe entre la presidenta del Congreso Mertixell Batet -quien primero decidió mantener el escaño- con el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. En el momento en el que se decidió que Rodríguez tenía que abandonar la cámara baja, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, escribió que el Supremo había presionado a Batet y habló de “prevaricación”. Un hecho por el que se manifestó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con otro contundente comunicado en el que decían que “atribuir la comisión de un delito a sus magistrados” es una “afirmación que excede absolutamente los límites del derecho de la libertad de expresión”.