Unidas Podemos presiona al PSOE con enmiendas a la Ley de Vivienda

Unidas Podemos ha presentado hoy una batería de enmiendas a la ley de Vivienda que negocia con el PSOE en el seno del Gobierno. Esta ley es una de las que más ha tensionado a los socios de coalición durante los últimos meses y de la que dependió el aval de los morados a los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente, esta semana, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau había exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la norma “estabilizase los precios del alquiler” y le urgió a cumplir con el compromiso adquirido de regular los precios e impedir subidas abusivas.

Esta mañana, el partido morado registró, junto a ERC y Bildu, las enmiendas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de endurecer los límites a los desahucios y a la regulación de los alquileres. También se prevén sanciones por incumplimientos de la norma. Los morados exigen que la norma obligue a los grandes propietarios a poner el 30% de sus pisos en alquiler social y quieren obligar a la Sareb a dirigir un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo del número de plazas de alojamiento turístico de hasta el 2% del número de habitantes en un distrito o barrio.

Respecto a la regulación de alquileres, la propuesta de Unidas Podemos pasa por rebajar el umbral de incremento de precios contemplado en la regulación del Gobierno para declarar una zona tensionada y poder aplicar el control de precios, informa Ep.

Entre las modificaciones que quiere colocar ahora Unidas Podemos se incluye la medida de que tanto grandes como pequeños tenedores estarían obligados a rebajar el precio de sus alquileres cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como mercados tensionados. Y es que, en la norma pactada por PSOE y Unidas Podemos el pasado año solo se establece que en estas zonas tensionadas sean los grandes propietarios los que deberán bajar los precios de sus arrendamientos hasta el límite que ofrezca el índice de referencia de las administraciones públicas.

Los morados también quieren impedir las demandas de desahucios por parte de los grandes tenedores sin que hayan ofrecido antes un alquiler social en el caso de que se trate de personas o unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión. También propone impedir los cortes de suministros de agua potable, gas y electricidad cuando la persona afectada sea “susceptible de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social”, considerando cualquier interrupción injustificada como “acoso inmobiliario” y, por tanto, objeto de sanción.