Aguirre rechaza que ordenara contratar con empresas de “Púnica”: “Mi inocencia prevalecerá”

Esperanza Aguirre ha negado ante el juez la existencia de una contabilidad “B” en el PP de Madrid y se ha desvinculado de cualquier responsabilidad contable o de carácter económico durante su declaración como investigada en la Audiencia Nacional en relación a la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2003 y 2011. Al concluir su comparecencia de más de tres horas, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró a las puertas del tribunal: “Nunca he hecho ni he conocido ni consentido ninguna irregularidad, y mucho menos una ilegalidad en el supuesto de que se hubieran cometido”. Y, tras mostrar su “satisfacción por haber podido explicar “mi versión de los hechos”, se ha mostrado convencida de que su “inocencia prevalecerá”.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado al magistrado Manuel García Castellón, instructor del “caso Púnica”, y a las fiscales de Anticorrupción Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez -con las que ha protagonizado más de un tenso rifirrafe- que entre sus competencias no figuraba la contabilidad de las campañas electorales y, como hizo ayer Ignacio González, su sucesor al frente del Gobierno regional, señaló que en esas fechas era el gerente del PP autonómico, Beltrán Gutiérrez, también imputado en este procedimiento, quien se hacía cargo de esas cuestiones. Eso sí, precisó que no cree que fuera capaz de llevar una contabilidad paralela y añadió que Gutiérrez, en todo caso, “dependía de la dirección nacional”.

Cuestionada por los nombramientos de Ignacio González y Francisco Granados, Aguirre ha asumido la responsabilidad de esas decisiones, pero ha explicado que siempre las consultaba con el entonces presidente del partido, Mariano Rajoy.

En un momento del interrogatorio, Aguirre ha reprochado a las fiscales que quieran convertir a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) -una de las empresas públicas que, según Anticorrupción, se habrían utilizado para desviar fondos públicos para gastos electorales, y de la que se ha desvinculado- en un “Watergate” (en referencia al escándalo de espionaje político que provocó en 1974 la dimisión del entonces presidente de EE UU Richard Nixon).

La ex dirigenta popular -investigada por delitos de cohecho, malversación, falsificación documental, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral- ha negado también que diera instrucciones a sus consejeros para contratar con empresas de la “trama Púnica”. Según Anticorrupción, en una reunión celebrada a principios de 2004 habría instado a sus consejeros a adjudicar contratos de publicidad, por un 1% del importe de las adjudicaciones, con el empresario Horacio Mercado, también investigado en la causa. De hecho, según las fuentes consultadas ha defendido la legalidad de la medida y ha contado que la propia legislación europea “obligaba a que el 1% de publicidad de las obras fuese a cargo del contratista”.