Alaya amplía la imputación por los ERE a once exaltos cargos de la Junta

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ampliado la imputación a once exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exdelegado del ramo en Sevilla Antonio Rivas, por las ayudas a Cydeplast e Inverjaén, citándolos a declarar a todos ellos el próximo día 7 de abril, día en que algunos ya estaban citados con anterioridad por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya amplía la imputación por delitos de prevaricación y malversación contra el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; a los exdirectores de IFA/IDEA Francisco Mencía, Jacinto Cañete y Miguel Angel Serrano, y a los exdirectores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En relación al ERE de Cydeplast por el que se produjo la extinción de los contratos de los 49 trabajadores de la empresa, la instructora relata que tuvieron lugar varias reuniones entre dicha empresa, el comité de trabajadores, UGT y Antonio Rivas por las que éste "adquiriría en nombre de la Junta el compromiso de conceder para la prejubilación"de 29 trabajadores afectados "una subvención excepcional sin sujeción a bases reguladoras y sin que existiera la menor justificación de la finalidad pública o el interés social para su concesión".

En este sentido, señala que, "sin que existiera proceso alguno de selección", Rivas "se encargaría"de encargar a la mediadora Vitalia los costes actuariales que concretarían el importe de la subvención, ascendente inicialmente a 3,7 millones de euros, según un estudio actuarial de 14 de abril de 2005 "aceptado por su superior", Francisco Javier Guerrero.

De igual modo, "aceptaría el compromiso de otorgar una segunda subvención excepcional"por importe de 503.131,72 euros y para la compra de maquinaria a Nazapet, sociedad constituida por parte de los trabajadores de Cydeplast, todo ello "sin sujeción a bases reguladoras, y sin que existiera tampoco dicha finalidad pública", según el auto consultado por Europa Press.

En cumplimiento de estos "ilícitos compromisos", Guerrero suscribió con Nazapet un protocolo de colaboración de fecha 18 de mayo de 2005 en el que asumía "con indiciario conocimiento de sus superiores", el exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, la concesión de ambas subvenciones "sin sujeción a bases reguladoras, con manifiesta falta de competencia, sin que hubiera existido solicitud alguna y sin que en el procotolo se justificase la finalidad pública o el interés social de ambas ayudas".

Sin autorización del Consejo de Gobierno

Además, y para el pago de tales ayudas, Guerrero suscribiría un convenio de colaboración el 30 de marzo de 2006 con el exdirector general de IDEA Miguel Angel Serrano, "con el presunto conocimiento de sus superiores", entre ellos el exviceconsejero Jesús Rodríguez Román, tras lo que la ayuda "sería pagada con cargo a la partida presupuestaria 440.51, absolutamente inadecuada para el pago de subvenciones, cuyo uso evidenciaba la ausencia del procedimiento subvencionador".

En este convenio, Guerrero, "en nombre"de la Consejería de Empleo, encomendaba el pago de la ayuda ascendente a 3,7 millones, "sin que el pago hubiera sido autorizado por el Consejo Rector de IDEA --al superar 1,2 millones-- ni por el Consejo de Gobierno --al superar los tres millones--", a lo que se suma que la concesión y el pago fueron ordenador por Empleo "sin que se hubiera notificado previamente la concesión de la subvención a la Comisión Europea".

La juez sostiene que Juan Márquez, que sucedió a Guerrero en el cargo, "asumió la ilícita concesión de su predecesor"y con conocimiento de sus superiores ampliaría en 2,8 millones esta ayuda, que pasó a ser de 6,6 millones de euros, al pasar de 29 a 34 extrabajadores, mientras que Daniel Alberto Rivera, con conocimiento del entonces viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, dictó una resolución el 17 de agosto de 2010 ordenando a IDEA el pago de 657.451,14 euros más, "omitiendo nuevamente todos los trámites del procedimiento subvencionador".

Del mismo modo, "con cargo al mismo crédito presupuestario, con ausencia de procedimiento y sin la necesaria autorización por parte de la Comisión Europea", Guerrero y Serrano suscribieron el 17 de febrero de 2006 un convenio de colaboración para el pago de la ayuda directa a Nazapet, la cual fue abonada el 7 de noviembre de 2006.

Por estos hechos, la juez amplía la imputación de todos los exaltos cargos citados a excepción de Francisco Mencía.