Alaya, el TSJA y el Supremo despejan el horizonte electoral de Díaz

Susana Díaz tiene todo de cara para convocar elecciones anticipadas el próximo lunes. Así lo hará según la hoja de ruta que ha ido desvelando durante el transcurso de la semana.

Susana Díaz tiene todo de cara para convocar elecciones anticipadas el próximo lunes. Así lo hará según la hoja de ruta que ha ido desvelando durante el transcurso de la semana. Ese día, el Parlamento andaluz celebrará un pleno extraordinario para explicar el colapso vivido en los servicios de urgencias de los hospitales públicos andaluces en las últimas semanas.

Al término del mismo, convocará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que explicará su decisión de anticipar las elecciones –es un trámite obligatorio según recoge el Estatuto de Autonomía–. Firmará el decreto de disolución del Parlamento regional y fijará los comicios para el 22 de marzo. Este calendario se ve además beneficiado por la decisión de la jueza Mercedes Alaya, que en marzo se marchará a la Audiencia, lo que le otorga un respiro en el «caso ERE». Además, el TSJA y el Tribunal Supremo ya han advertido de que no iniciarán acciones contra los aforados «preimputados» por la magistrada –ni autonómicos ni nacionales– para no «interferir» en el proceso electoral. Entre todos parecen allanarles el camino.

El último en sumarse a este escenario favorable para la presidenta ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con la disolución del Parlamento, cuatro diputados del PSOE «preimputados» perderían el fuero. Se trata de cuatro ex consejeros: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio. La intención del PSOE es incluir a los cuatro como miembros de la Diputación Permanente para que conserven su condición de diputados una vez la Cámara andaluza esté disuelta. El último, el ex consejero de Empleo Recio, ya tiene esta condición. Los otros tres no. El lunes, en el Pleno extraordinario, los socialistas quieren cambiar la composición de este órgano. PP e IU se oponen a esta iniciativa, aunque este «blindaje» no sería ya necesario. La jueza Alaya envió ayer la exposición razonada al TSJA en la que detalla los indicios que existen contra estos cuatro ex consejeros. El Alto Tribunal Andaluz asume –como ordenó el Supremo– esta pieza y ya ha señalado que aunque queden sin el privilegio formal del fuero, esperará a que se celebren las elecciones porque pueden volver a ser diputados si van en las listas. Esto evitaría que Alaya los citara a declarar en plena campaña electoral.

En esta misma situación se encuentran los ex presidentes Chaves y Griñán. El Supremo tampoco suele «intervenir» en procesos electorales y cualquier declaración de ambos dirigentes se pospondría hasta después de las elecciones. Aforados nacionales también son Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.

El único «cabo suelto» que le queda a Díaz es IU. Ayer intentó «pactar» una ruptura conjunta con su socio en la Junta. Se reunió a media mañana fuera de su agenda oficial con el coordinador general de la formación, Antonio Maíllo, para trasladarle los motivos de esa supuesta «falta de estabilidad». No lo convenció. Díaz insistió en la desconfianza instalada entre PSOE e IU y utilizó de nuevo el argumento del hipotético referéndum –ni está convocado ni es seguro que se celebre– que la coalición de izquierdas anunció para mediados de año sobre su continuidad en el Ejecutivo andaluz siempre que no se aprobaran las leyes pactadas en el acuerdo de Gobierno. La presidenta sumó alguna «inquietud» que le han trasladado agentes sociales y económicos sobre el futuro de la comunidad. Ya por la tarde, Díaz insistió en un acto público que «dará la voz a los andaluces» antes de que IU decida por ellos. El mismo mensaje que ha mantenido en las últimas semanas y sobre el que oficialmente pivota su decisión de adelantar elecciones.

Por su parte, IU mantiene su postura. «No hay razones objetivas para el adelanto», dijo Maíllo. Será Susana Díaz la que deba asumir la decisión unilateral de romper el bipartito en Andalucía.