Alberto Ruiz-Gallardón: «Es preocupante que el PSOE quiera descentralizar la Justicia»

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tildó ayer de «preocupante noticia» que el PSOE esté planteando modificar la Constitución para descentralizar la Justicia y que su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, vea «con simpatía» una de las principales reclamaciones del PSC. Durante su intervención en la Escuela de Verano de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), organizada en colaboración con LA RAZÓN, recalcó que esta propuesta va «contra el legislador constituyente», que quiso establecer un poder judicial «único para toda España». En caso de prosperar, continuó, generará la «pérdida de uno de los elementos más importantes de cohesión nacional» y el Tribunal Supremo va a quedar «única y exclusivamente» para sentar doctrina pero sin capacidad para revisar sentencias que no se hayan adaptado a la Ley o a su propia doctrina.

Por ello, Gallardón reiteró la «voluntad absoluta del Gobierno de fortalecer el Supremo, de consagrar el principio constitucional de que el poder judicial es único para toda España y de no asumir la propuesta de convertir el CGPJ en un órgano reducido y técnico, y traspasar sus competencias a los consejos autonómicos o a las salas de Gobierno de los tribunales de Justicia».

En la misma línea, el ex alcalde de Madrid reivindicó las reformas en las que está trabajando el Gobierno de Mariano Rajoy. Según señaló, al llegar al poder, éste se topo con «un modelo judicial agotado» que, a pesar de la «calidad» del personal, es propio del siglo XIX y está concebido para una «sociedad rural, incomunicada y dispersa». Además, tuvo que enfrentarse al hecho de que España «no había abordado la reforma de su sistema procesal desde el siglo XIX», por lo que éste parece «más próximo al origen inquisitivo que a la modernidad acusatoria».

En vista de estos problemas, el Ejecutivo puso en marcha dos comisiones de expertos para que planteasen los proyectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Penal. Una vez que los recibió, decidió no mandarlos «directamente» al Parlamento, sino que se optó por someterlos a un «debate de meses en la propia sociedad». «A la luz de todo ese debate, el Gobierno elaborará en octubre su propia propuesta, que no tendrá que coincidir miméticamente con la que hicieron los comités de expertos ni con alegatos que se nos están trasladando desde los distintos sectores de la justicia española, sino que será la que el Gobierno considere más adecuada para conseguir esa modernización», aseveró Gallardón.

Asimismo, adelantó que se presentará el nuevo Código Mercantil en Consejo de Ministros y reconoció que sigue sin ver el sentido de que los jueces se encarguen del Registro Civil. «En España tenemos necesidad de todos los jueces, pero para que hagan aquello que dice la Constitución, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Hay otros funcionarios públicos que pueden realizar estas tareas», añadió.

En este contexto marcado por las reformas, ya no sólo en el ámbito de la Justicia, Gallardón defendió la importancia de analizar los cambios con «perspectiva histórica, social, económica, intelectual y jurídica, y perspectiva para comprender que las soluciones no son nunca sencillas y que los resultados requieren tesón». Según remarcó, los medios de comunicación «tradicionales» son cruciales para lograrlo y tienen que desempeñar, tal y como están haciendo, «la misma función histórica que les hizo grandes, que es informar, pero también invitar al análisis». De esta forma, evitarán ser arrastrados por «la revolución de la información», que, en palabras del ministro de Justicia, es «la transformación más determinante de toda la centuria pasada» pero ha llevado a la sociedad a aparcar la reflexión y el análisis.