Un alto cargo de Adif atribuye al jefe de Personal destituido la decisión de contratar con la empresa de la "trama Koldo"

Guillermo Martínez de Simón, secretario del Consejo de Administración de Adif, ha asegurado al juez del "caso Koldo" -según fuentes jurídicas- que fue el entonces director de Personal del organismo público, Michaux Miranda, investigado en la causa y que fue destituido a raíz de su imputación, quien tomó la decisión de contratar con la empresa Soluciones de Gestión, aunque de esa resolución se dio cuenta al Consejo de Ministros. Miranda tendrá la oportunidad de dar su versión al instructor el próximo jueves, cuando está citado a declarar en la Audiencia Nacional.

Ante el juez también ha comparecido, igualmente como testigo, Jesús Ángel Díaz, jefe de Recursos Humanos del gestor de infraestructuras ferroviarias, quien ha explicado que se optó por Soluciones de Gestión aunque antes de la pandemia Adif ya había mantenido contactos con otra empresa especializada en el suministro de mascarillas, 3M.

Según las fuentes consultadas, ambos han negado que recibieran indicaciones para contratar con la empresa de la "trama Koldo" y Martínez de Simón ha avalado que se optara por adelantar al proveedor el 50% del importe del contrato, pues aunque el procedimiento no era el habitual en esas circunstancias resultaba notorio que "se pagaba por adelantado para adquirir el material sanitario". "Quien pagaba por adelantado se quedaba con las mascarillas", ha venido a decir.

"Se bloqueó el dinero en el banco. Todos los proveedores internacionales en aquel momento exigían pagos anticipados". No obstante, han recalcado, tanto Puertos del Estado como Adif "dieron la orden de que no se liberase el pago hasta que llegase el material" mediante "una orden irrevocable" al banco. Adif fue incluso "más inflexible" que Puertos del Estado en exigir que no se entregase la mitad del precio pactado hasta no disponer del material.

Simón, entonces secretario general de Adif, ha negado cualquier responsabilidad en la contratación y únicamente ha señalado que él propuso diversificar la contratación, y no dejarlo en manos de una sola empresa, "para no quedarnos sin nada si alguna fallaba", pero Miranda decidió dejarlo todo en manos de Soluciones de Gestión.

Los dos testigos han asegurado al juez que la empresa venía avalada por Puertos del Estado, el primer organismo que en marzo de 2020 contrató con Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas en pandemia (por las que desembolsó veinte millones de euros).

Según otras fuentes presentes en las declaraciones, los dos ex altos cargos han defendiendo "la pulcritud de todos los contratos" y han negado cualquier irregularidad y que recibieran instrucciones para contratar con Soluciones de Gestión, que -han recalcado- entregó todas las mascarillas en el plazo de un mes. En la decisión pesaron las "buenas referencias" de Puertos del Estado y que "al día siguiente llegaba el primer avión".

Ábalos y la auditoría de Óscar Puente

Tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como dos altos cargos de este organismo -Martín José Navarro, director de Recursos Humanos, y Manuel Fresno, director financiero- cuestionaron ayer ante el instructor, en sus declaraciones como testigos, el informe de auditoría encargado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las adjudicaciones para la compra de mascarillas investigadas y que señalan a José Luis Ábalos como máximo responsable.

En su declaración, Pardo de Vera aseguró que cuando acudía al Ministerio de Transportes a despachar con José Luis Ábalos solía encontrarse frecuentemente en los pasillos con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la "trama Koldo", y quien según el juez Ismael Moreno tenía un "pase especial" en el ministerio. La ex alto cargo explicó que el contacto con Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, se le facilitó desde Puertos del Estado, el primer organismo que contrató a esta sociedad, que se embolsó más de 52 millones de euros -incluido el reparto de 16 millones en comisiones- por esas adjudicaciones por parte no solo del Ministerio de Transportes, sino también de Interior y de los entonces gobiernos socialistas de Baleares y Canarias.

Tras una semana de testificales del "caso Koldo", una de las acusaciones populares, Hazte Oír, ha pedido la imputación del expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, quien en su comparecencia ante el juez señaló al ministerio que entonces dirigía Ábalos como el responsable de la contratación de la empresa de la "trama Koldo".

Precisamente Ábalos sigue insistiendo en que se acepte su personación en la causa como perjudicado y ha recurrido la negativa del instructor a abrirle la puerta al procedimiento. Y lo ha hecho arremetiendo contra su sucesor, Óscar Puente, y las conclusiones de la auditoría que encargó para esclarecer las adjudicaciones bajo sospecha. El exministro dice verse sometido a una "pública denostación" a resultas de ese informe, que según su letrado solo persigue "un cortocircuito" en la cadena de responsabilidades por la firma de esos contratos, "omitiendo la concurrencia de otras autoridades y cargos" implicados en esas decisiones.

Ábalos expone que el mismo Puente, como alcalde de Valladolid, adoptó "similares decisiones" en pandemia para la compra de material sanitario, por lo que entiende que el dictamen busca perjudicarle y "evitar una responsabilidad o diluirla".