Ábalos carga contra Óscar Puente por "cortocircuitar" las responsabilidades en el "caso Koldo" con una auditoría "opaca"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos cree que la auditoría sobre los contratos de adquisición de mascarillas investigados en el "caso Koldo" son un intento de su sucesor, Óscar Puente, de "cortocircuitar" las responsabilidades en unas adjudicaciones que fueron avaladas por el Consejo de Ministros. Ábalos insiste en que las filtraciones de la instrucción que dirige el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno alientan un "juicio paralelo" contra él sin posibilidad de defensa alguna, y por eso ha recurrido la decisión del magistrado de no permitirle la personación en la causa como perjudicado.

En el escrito en el que solicita la medida, el abogado de Ábalos lamenta que la tramitación de la causa le está ocasionando un "perjuicio irreparable" al verse sometido a una "pública denostación" ante las conclusiones del informe de auditoría del Ministerio de Transportes que le señala como el máximo responsable de las adjudicaciones. Para el exministro, ese dictamen "solo busca un cortocircuito en la descripción de responsabilidad", prescindiendo de la situación vivida en pandemia para la compra de material sanitario, "omitiendo la concurrencia de otras autoridades y cargos" implicados en esas decisiones. Ese informe prescinde asimismo, añade, del hecho de que "similares decisiones se adoptaron en otras administraciones", y se refiere expresamente a la Comunidad de Madrid y a "la ciudad de Valladolid de la que fue alcalde quien ordena este informe". Una auditoría que, según dice, se preparó "de forma opaca" al "ocultar" la orden de elaborarla y "las pesquisas de la inspección". Un cúmulo de irregularidades, subraya, que le llevan a concluir que "está destinado a perjudicar" o a "evitar una responsabilidad o diluirla".

De ahí que reclame al juez de nuevo, y subsidiariamente a la Sala de lo Penal del citado tribunal, que le permita personarse en la causa para contradecir esas conclusiones con el contrainforme que ha intentado sin éxito que el magistrado incorpore a la investigación.

La defensa del exdiputado socialista señala que ese informe -de cuyo "interés legítimo" duda- se hizo coincidir con el inicio de la investigación del "caso Koldo" en febrero de 2024 y niega que se trate de una auditoría pues "no cumple el mínimo estándar" al estar huérfano de "criterios de imparcialidad" y "existir un evidente conflicto de intereses". Tampoco, se queja, "busca criterios de ética en la gestión ni articula a partir de su dictamen ningún procedimiento a adoptar". Se trata de un dictamen, concluye, que no se ajusta "a las mínimas exigencias de objetividad".

El letrado hace hincapié en que Ábalos "lleva meses sorprendiéndose de que los medios de difusión están publicando contenidos de esta causa", y alude expresamente a "correos, referencias a investigaciones en marcha por unidades de Policía Judicial y contenidos" que afectan a "su vida personal y privada". Unas informaciones que, subraya, "deberían haberse mantenido en la confidencialidad" que establece la legislación procesal y que, lamenta, "parece nadie cumple ni se encarga de hacer cumplir".

Esa difusión de informaciones, asegura, "dan cobertura" a la mención de Ábalos "prácticamente a diario en los informativos de radio y televisión y, fundamentalmente, en los medios digitales", que -se queja- "incluso conforman entregas de nuevas informaciones de forma dosificada para mantener la atención, siempre en un contecto peyorativo o vinculado a imputaciones de presunta y pretendida corrupción".

Ante esa tesitura, afirma, no puede "articular defensa alguna excepto explicar" su posición "en los medios que tienen a bien recibirle". Pero, matiza, se trata de una defensa "harto difícil y estéril" a la vista de que gran parte de la información que se publica sobre él "se afirma proviene" de la unidad de la Guardia Civil que "al parecer se encarga de la investigación", la Unidad Central Operativa (UCO).

Además, Ábalos señala que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha denunciado en los juzgados "las filtraciones producidas" haciéndose eco de las quejas del exministro ante el Ministerio Público.