Anticorrupción concluye que el PP era «ajeno» a la «caja B» de Bárcenas

No ve delito fiscal del PP en los papeles de Bárcenas. Dice que eran el ex tesorero y Lapuerta quienes «administraban» la caja opaca

Bárcenas tiene que acudir a firmar a la Audiencia Nacional
Bárcenas tiene que acudir a firmar a la Audiencia Nacional

Al contrario de lo que sostuvo el juez Pablo Ruz, la Fiscalía Anticorrupción cree que el PP no cometió delito fiscal por no tributar en el Impuesto de Sociedades de 2008 las donaciones de empresarios consignadas en los papeles de Bárcenas.

Al contrario de lo que sostuvo el juez Pablo Ruz, la Fiscalía Anticorrupción cree que el PP no cometió delito fiscal por no tributar en el Impuesto de Sociedades de 2008 las donaciones de empresarios consignadas en los papeles de Bárcenas. El Ministerio Público sí considera a la formación responsable civil subsidiaria del delito fiscal que atribuye a sus ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por el pago en negro de parte de las obras de reforma en la sede del partido en Madrid.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Antonio Romeral recuerda que la Agencia Tributaria ya informó hasta en cuatro ocasiones al magistrado de que esas donaciones estaban exentas de tributar en dicho impuesto y asegura que, en todo caso, de incluir esas rentas la cuota presuntamente defraudada sería de 25.630 euros, por debajo del umbral de los 120.000 euros que marca la existencia del delito (y no de 220.167 euros, el otro cálculo efectuado a regañadientes por Hacienda, que lo tachó de «simulación ficticia», a instancias de Ruz sin aplicar ninguna deducción fiscal).

Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Bárcenas y Lapuerta por un delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por los que reclama para cada uno de ellos multas que suman 261.000 euros. Para el arquitecto que dirigió la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo, solicita tres años y diez meses de cárcel por fraude fiscal y falsedad documental y una multa de 450.000 euros, idéntica petición de condena a la que hace frente Belén García, socia de Urquijo en Unifica, la empresa que se hizo cargo de los trabajos. Quien mejor librado sale es el ex gerente del PP Cristóbal Páez, acusado de idénticos delitos pero con un solicitud de pena mucho menor: 18 meses de cárcel y 102.500 euros de multa. Los cinco deberán indemnizar de forma solidaria a Hacienda con 194.503 euros por el delito fiscal que se les atribuye en el Impuesto de Sociedades de 2007 –38.900 euros cada uno–, más los correspondientes intereses de demora, cantidad de la que responderán de forma subsidiaria tanto el PP como Unifica.

«No se dejó constancia»

El fiscal deja claro que eran ellos dos quienes controlaban la «caja B» al margen «del departamento de contabilidad y del cajero del partido» y que, desde febrero de 1993 hasta julio de 2009 –cuando ambos ocuparon el cargo de tesorero: primero Lapuerta y después, a partir de junio de 2008, Bárcenas– «gestionaron de consuno fondos en metálico aportados a la formación política por donantes de quienes no podían recibir los mismos de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos».

De esas cantidades, continúa, «no se dejó constancia» en la contabilidad que el PP presentaba al Tribunal de Cuentas y sólo de forma indirecta parte de esos donativos se reflejaron en esa contabilidad «a través de las cuentas de donativos anónimos» o, en su caso, con nombres y apellidos siempre, eso sí, que la cuantía no superara los límites establecidos por la ley. El control de los ingresos y de los gastos «se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela –contabilidad B– que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro Lapuerta».

El dinero, dice el fiscal, «siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas». Romeral recuerda que en los papeles de Bárcenas constan unos ingresos de 542.000 euros en 2007 y de 1.115.000 en 2008 y que el PP no presentó declaración del Impuesto de Sociedades respecto a este último ejercicio, coincidiendo con el criterio de Hacienda de que esas donaciones estaban «exentas de tributar».

Buena parte de ese dinero se utilizó para pagar las obras en la sede de la calle Génova, realizadas entre 2005 y 2010: 664.000 euros en 2006 y 888.000, en 2008. Ese mismo año, «se abonaron 6.000 euros» a Páez y otros tantos al ex senador Luis Fraga. Fueron Bárcenas y Lapuerta los que «propusieron» a Urquijo pagar una parte en dinero negro, «lo que así se hizo», con el conocimiento de Páez, a cambio de un descuento «del 8% o 10%».

Anticorrupción sostiene que Lapuerta, con el visto bueno de Bárcenas, se apropió de 139.700 euros de la «caja B» en octubre de 2004 para adquirir acciones de Libertad Digital, tras la petición de ayuda del presidente de la sociedad, Alberto Recarte, al entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, recabando ayuda para suscribir la ampliación de capital. En marzo de 2007, Lapuerta vendió las acciones por 209.550 euros «que no repuso a la caja B».