La Fiscalía cree que los supuestos sobornos se efectuaban a través de otros cauces además de la fundación Cat.dem.

La «trama del 3%» no hacía, en ocasiones, honor a esa denominación. La Fiscalía Anticorrupción está investigando el supuesto pago, por parte de algunos empresarios, de comisiones incluso del 10% del volumen total de las adjudicaciones públicas de las que resultaban beneficiarios, según confirmaron fuentes de la investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch.

Hasta ahora, las pesquisas de la Guardia Civil han podido vincular determinados pagos a otras tantas adjudicaciones de contratos de la Administración efectuadas en el mismo periodo de tiempo, pero, más allá de esa coincidencia temporal, la Fiscalía necesita acumular más indicios para apuntalar el delito de cohecho.

Tras la abundante documentación intervenida el pasado 21 de octubre en la segunda fase de la «operación Petrus» –cuyo germen se sitúa en el Ayuntamiento de Torredembarra y en el supuesto pago de comisiones por parte de la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, a cambio de adjudicaciones–, los agentes de la Guardia Civil y los fiscales de Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa intentan ahora esclarecer qué otros cauces se utilizaban habitualmente para abonar esos presuntos sobornos, además de Cat.dem y Fórum Barcelona, las dos fundaciones bajo sospecha vinculadas a Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

Y es que los investigadores están convencidos de que Cat.dem –cuyas cuentas controlaba el tesorero de CDC, Andreu Viloca, actualmente en prisión– «era sólo un vehículo más para pagar los sobornos». El cotejo de las adjudicaciones efectuadas por la Generalitat y por ayuntamientos controlados por Convergència a los siete empresarios imputados y las donaciones efectuadas por éstos a la fundación del partido de Artur Mas han permitido constatar que «a veces los pagos no llegan al tres por ciento del volumen de los contratos», por lo que se están investigado otros medios utilizados para efectuar esos desembolsos. En otras ocasiones, añaden esas mismas fuentes, las supuestas comisiones «exceden ligeramente del tres por ciento y, en otras, lo superan de forma muy holgada». Entre estas últimas se encuentran las que alcanzan el 10 por ciento del volumen facturado a la Administración de turno.

Hay más pagos

Pese a que la «operación Petrus» arrancó a finales del pasado agosto –cuando la Guardia Civil registró el despacho de Viloca en la sede central de CDC y las oficinas de la fundación Cat.dem–, dos meses después la investigación ya apunta a que los supuestos sobornos no se circunscriben a los empresarios imputados hasta ahora en el procedimiento. «Esas cantidades no suponen la totalidad de los pagos», afirman con rotundidad las fuentes consultadas.

La actuación judicial acarreó el pasado 21 de octubre la detención del director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, a quienes los agentes intervinieron 85.000 euros en una caja fuerte que supuestamente entregó a un amigo antes de la operación. En la misma había también varios CD con documentación sobre una adjudicación de la construcción de un canal de regadío.