Anticorrupción pide una fianza civil de 24.000 euros para un exdiputado vasco imputado en el caso ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 24.000 euros para el exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso, imputado por la juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Antonio Aso ha declarado por espacio de una hora ante la magistrada Mercedes Alaya y, al término de su comparecencia, el Ministerio Público ha pedido para el encausado una fianza civil de 18.000 euros --cantidad que se corresponde con la póliza de Morgan and Meyer de la que supuestamente fue beneficiario-- más el tercio legal previsto.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que el imputado se ha ratificado ante la instructora en su declaración ante la Guardia Civil y ha admitido el cobro de la póliza, aunque ha querido dejar claro que ésta "no tiene absolutamente nada que ver"con la Junta de Andalucía.

Ante la juez estaban previstas igualmente las comparecencias de otros cuatro imputados, entre ellos el empresario Antonio Diéguez Viera, que, según la juez, como persona autorizada en la cuenta bancaria de la sociedad Promociones Vinícolas, "habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros"a través del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, "quien a su vez los habría recibido de Uniter siguiendo instrucciones"del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Según la juez, dichos fondos procedían de las 'sobrecomisiones' "abonadas por la Junta con ocasión de la tramitación de las pólizas financiadas por esta Administración", a lo que se suma que Guerrero concedió a esta sociedad una ayuda directa de 444.748,96 euros, "cantidad que no consta fuera abonada y que podría estar destinada en parte al director general de Trabajo".

Con estas declaraciones, Alaya cierra una semana en la que han pasado por su despacho hasta once personas imputadas en la causa, entre ellas el exinterventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque, a quien imputó dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La juez acusa a Luque de haber omitido cualquier reparo en los ejercicios 2008 y 2009 en la fiscalización de los documentos de gasto

y pago de las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo dirigía a IDEA, "conociendo que a través de los mismos se concedían ayudas sociolaborales sin sujeción al procedimiento legalmente previsto, que era el establecido en la Ley General de Subvenciones y la Ley General de Hacienda Pública"de Andalucía.

También han comparecido ante la juez dos extrabajadores de Vitalia

y dos abogados de Estudios Jurídicos Villasís, un bufete que según la magistrada sirvió como "centro de lavado"de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado dicho despacho 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes".

De este modo, comparecieron ante la juez José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal --también imputado en la causa y a quien la juez mandó a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad que el encausado abonó en el mismo momento--, y el también letrado del despacho Alfredo Jiménez, así como la mujer de Carlos Leal.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para ambos letrados una fianza de responsabilidad civil de once millones de euros.