El Gobierno sufrió este miércoles la derrota parlamentaria más contundente en lo que va de legislatura a cuenta de la caída del decreto ómnibus que contenía un nutrido abanico de medidas sociales, entre ellas, la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o la DANA y la prohibición de los desahucios para colectivos vulnerables. En Moncloa mantuvieron la esperanza de sacarlo adelante hasta minutos antes de la votación con el argumento de que PP y Junts no podrían explicar oponerse a estas medidas. "Tendrán que explicarlo", repetían constantemente.

"Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros". "Y cuando mañana -por hoy- los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio del billete que se acuerden que ha sido el PP en compañía de otros", señaló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando el Ejecutivo ya tuvo conciencia de que el decreto decaería.

El rearme político del Gobierno ante tamaño batacazo pasa por despachar toda la responsabilidad del mismo al PP y endosarle las consecuencias. Por ello, en Moncloa no desvelan de momento por dónde pasan sus planes inmediatos para lograr que estas medidas vuelvan a estar en vigor. No se plantean la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, según confirmaron fuentes gubernamentales, para paliar los efectos adversos y devolver estos derechos a los españoles. Y esto, porque se prioriza la política de regate corto, la lucha partidista, sobre el beneficio de los ciudadanos.

En concreto, el Ejecutivo quiere que se vean los efectos de la negativa de PP y Junts a apoyar la subida de las pensiones o prorrogar las ayudas a la DANA o al transporte público y que sean los ciudadanos quienes les castiguen. Pero Moncloa se ha topado con las competencias autonómicas que tiene el PP -que atesora el grueso del poder territorial- al menos en materia de transportes. Las regiones gobernadas por los populares, de momento la Comunidad de Madrid, Murcia, Baleares o Cantabria ya han anunciado que asumirán el total del descuento, también la parte que corresponde al Estado, para que los usuarios del transporte público en sus comunidades no sufran el perjuicio de la caída del decreto. Y de paso, vacían el relato del Gobierno en este sentido.

"El Govern de les Illes Balears no permitirá el chantaje de Sánchez a los ciudadanos de nuestras islas, cogiendo como rehenes a los pensionistas y la gratuidad del transporte público y condicionándolo a que se apoye a los okupas o la subida del IVA de alimentos básicos o de la luz. Por ello, el Govern mantendrá la gratuidad del transporte público mientras reclamamos que se tramite por urgencia y apruebe por separado estas medidas en el Congreso de los Diputados", ha escrito en su cuenta de X la presidenta Marga Prohens.

El PP busca así liderar la alternativa ante el "desgobierno" de Sánchez, utilizando la baza de sus gobiernos autonómicos. Los territorios del PP desmontan así la falacia del relato del Gobierno de que Feijóo sería el culpable de que decayeran las ayudas al transporte. Otra "carta" que pierde el Gobierno de coalición en materia de políticas sociales. Estás comunidades asumirán en sus propias cuentas la gratuidad del transporte ya que dejarán de percibir los 850 millones de euros que el Gobierno iba a transferir este año, al decaer el real decreto ómnibus.

Los populares, no acusan desgaste, aseguran, y además, salen victoriosos tras quedar reflejada la debilidad parlamentaria del Gobierno. Solo salió adelante, y gracias al PP, uno de los tres reales decretos que debían convalidarse, el de la reforma de las pensiones que perseguía facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo. Algo que, según señalan fuentes populares, deja claro que hay una "alternativa legislativa", puesto que ayer solo se tramitó en el Congreso "lo que Feijóo quería".

Los populares se afanarán en defender estos días que el Ejecutivo quería someterles a un "chantaje" y que el PP no cede ante ninguno. Se refieren los populares al hecho de que el Gobierno buscaba aprobar en un "totum revolutum" un cóctel de medidas sociales que incluían algunas que sí apoyaban con otras que no. A la revalorización de pensiones, ayudas a la Dana, a la Palma y al transporte, (que el PP si apoya), el Ejecutivo sumó subidas de impuestos, la subida del IVA de los alimentos y de la luz o la prórroga de las ejecuciones de desahucios, que según el PP favorecen la "inquiokupación", junto a la entrega del palacete de París al PNV.

Así, los populares reaccionaron ayer registrando, tras conocer el voto de Junts, tres proposiciones de ley específicas para suplir las medidas que hoy decaerán en materia de pensiones, ayudas al transporte y para la Dana. Un movimiento que también da cuenta de que el PP decidió en ultima hora su voto. En la dirección cundían series dudas sobre si apoyar o no el decreto ómnibus del gobierno. Ahora la pelota volverá a estar en el tejado del Gobierno, quien debe decidir si apoya las medidas del PP –retratándose– o aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario varios decretos ley específicos sobre cada materia, que el PP no vería con malos ojos y que incluso ya ha adelantado que apoyaría.