Así se organizan los CDR: Un "coordinador"supervisa el paso a las acciones violentas

Han recibido instrucciones para no facilitar el ADN, tapar sus tatuajes y no portar documentos que comprometan a otros compañeros.

Concentración independentista el pasado lunes en Sabadell en protesta por la detención de los nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR)
Concentración independentista el pasado lunes en Sabadell en protesta por la detención de los nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR)

Han recibido instrucciones para no facilitar el ADN, tapar sus tatuajes y no portar documentos que comprometan a otros compañeros.

La Guardia Civil investiga la existencia de un «coordinador» o «coordinadores» de los Comités de Defensa de la República (CDR), que son los que habrían dado las instrucciones para que las células pasen de las meras revueltas callejeras a acciones de carácter violento, contra objetivos concretos, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

La reciente desarticulación por la Benemérita de una de estas células y la detención de sus integrantes ha permitido conocer que disponían de materiales susceptibles de ser utilizados en la fabricación de explosivos. Incluso, habían consultado tutoriales de los disponibles en internet en los que se explica el proceso de fabricación de dichos artefactos explosivos.

Algunos de los componentes de la célula habían llegado a «tomar apuntes» de lo que habían visto en los citados tutoriales, con el fin de disponer de «manuales propios» por si decidían a acometer la elaboración de productos para ser utilizados como artefactos.

Aunque los CDR siempre han tratado de aparentar un funcionamiento autónomo (de cada célula) o anárquico, se sabe que no es así y que responden a consignas generales, cuya procedencia se investiga en función de los indicios obtenidos en esta operación y en otras anteriores.

Por lo que respecta a los objetivos, las citadas fuentes ratificaron lo ya publicado por este periódico en el sentido de que no existían planes concretos sino unas «ideas fuerza» para atacar a los que se consideran los intereses del «Estado opresor».

En este sentido, y dado que la célula se hallaba en periodo de gestación en el momento de ser desarticulada, los investigadores sospechan que, con el fin de coger experiencia para acciones de mayor calado, las primeras acciones criminales se realizarían en lugares poco o nada vigilados. Se citan, como hipótesis de trabajo, las redes eléctricas que discurren por parajes solitarios y cuya inutilización, aunque sea temporal, causa grandes daños económicos.

Al parecer, los miembros de la célula habían sido ya aleccionados para hacer lo más complicada posible el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en sus labores de investigación: operar siempre de tal forma que no se dejen muestras de ADN; si se es detenido, no entablar ningún tipo de diálogo con los agentes ni dejar que fotografíen posible tatuajes u otras marcas; solicitar inmediatamente la asistencia de un abogado, la atención de un médico y no dar más datos de los que aparecen en el DNI ni facilitar correos electrónicos o teléfonos personales; tampoco se deben llevar documentos que «puedan comprometer a otros compañeros», etcétera.

Mañana, ante el juez

Siete de los nueve detenidos en la operación policial del pasado lunes pasarán mañana a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Todos deberán comparecer ante el magistrado Manuel García Castellón y el teniente fiscal del citado tribunal, Miguel Ángel Carballo. Carballo ya solicitó en abril del pasado año el ingreso en prisión de Tamara C. G., supuesta cabecilla de los CDR por los sabotajes y cortes de carretera en Cataluña en la Semana Santa de ese año. El representante del Ministerio Público –que le imputaba delitos de rebelión y terrorismo– invocó el riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas para justificar la adopción de la medida de privación de libertad. Sin embargo, el juez Diego de Egea dejó en libertad a la integrante de los CDR y redujo los hechos a meros desórdenes públicos, remitiendo las diligencias a los juzgados de Barcelona. Posteriormente, la Sala de lo Penal avaló la decisión del instructor rechazando el recurso de la Fiscalía.

La acusación pública atribuía a la detenida en la «operación Cadera» labores de «dirección y coordinación» en esos actos de sabotaje como integrante de un «reducido equipo de dirección» responsable de las pautas de actuación y de las consignas de movilización de los CDR, un coordinador de la estrategia violenta de los Comités de Defensa de la República que un año y medio después las Fuerzas de Seguridad siguen buscando en la convicción de que las acciones de los CDR no son espontáneas.

Como entonces, la Fiscalía imputa ahora a los detenidos delitos de terrorismo (amparándose en el artículo 573 del Código Penal, que considera terrorismo cualquier hecho grave contra la integridad física cometido para subvertir el orden constitucional) y rebelión, a los que se añade en esta ocasión el de tenencia de explosivos.