Bildu coloca en el área de Seguridad de Pamplona a un investigado en Ekin

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha nombrado como uno de los responsables de Seguridad del Ayuntamiento a Daniel Saralegui, al que las Fuerzas de Seguridad relacionaron en su día con Ekin, el «comisariado político» de ETA.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha nombrado como uno de los responsables de Seguridad del Ayuntamiento a Daniel Saralegui, al que las Fuerzas de Seguridad relacionaron en su día con Ekin, el «comisariado político» de ETA.

Está claro, tal y como publicó ayer este periódico, que Bildu quiere tener en sus manos la seguridad de las instituciones por lo que ello puede suponer de control político de los ciudadanos.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, Asirón ha nombrado, aunque no tomará posesión hasta septiembre, nuevo director del Área de Seguridad a Daniel Saralegui Aristu. Quedaría encuadrado en la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.

Las Fuerzas de Seguridad vincularon a esta persona con Ekin, el «comisariado político» de ETA, sin que en ningún momento se concretaran actuaciones judiciales contra él. Según las citadas fuentes, fue identificado como asistente a varias de las reuniones orgánicas de Ekin, sucesora de la Coordinadora KAS.

Saralegui contará con ciertos privilegios en lo que al acceso a información se refiere, tales como bases de datos, registros, relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, etcétera. Los expertos creen que todo ello podría conllevar «un problema de seguridad pública».

Una vez en el cargo, el alcalde de Pamplona organizó, de manera provisional, la estructura de la Junta de Gobierno Local y de las Concejalías delegadas del Ayuntamiento. Entre los miembros de la nueva corporación, según las citadas fuentes, se ha nombrado a Daniel Saralegui como director del Área de Seguridad.

Este cargo se encuentra bajo la dependencia directa de la concejalía de Seguridad Ciudadana. Ejercerá de intermediario entre ésta y la Jefatura de la Policía Local de Pamplona, lugar donde se encuentra físicamente el despacho del director del Área de Seguridad.

Las mencionadas fuentes han subrayado que durante las investigaciones previas realizadas sobre la organización terrorista Ekin se tuvo constancia de la participación de Saralegui en varias reuniones orgánicas y clandestinas de la referida estructura.

Estos hechos quedaron recogidos en varios informes presentados en 2011 ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, sin que llegara a materializarse acción policial judicial alguna.

Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, en el programa de Bildu para esta legislatura se da una gran importancia al control de la seguridad. Para ello, se han asegurado de que la consejera que a nivel autonómico se va a encargar de este delicado asunto sea de su grupo y , según se ha sabido ahora, el director de Seguridad del Ayuntamiento de Pamplona, también.

«Propondremos que la gestión de todo lo relacionado con la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades democráticas recaiga en el Gobierno de Navarra y que para ello asuma las plenas competencias en este apartado», dice el programa. Cuando hablan de plenas competencias es porque en su programa tienen previsto su propio modelo policial. Proponen «afrontar un debate sobre el modelo policial en su integridad y así acordar y decidir un proceso de readecuación y redimensionamiento de las fuerzas policiales que hoy en día actúan en Navarra». La frase esconde uno de los puntos del programa básico de ETA, que no es otro que la salida de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, así como de los Ejércitos, de la Comunidad Foral.

Ekin (dijo disolverse en 2011 pero hay quien mantiene que la estructura básica continúa existiendo, hasta el punto de que los huidos a Francia de este grupo se han hecho con el control de las armas, explosivos y reserva de ETA) fue siempre una organización ilegal que se constituyó en noviembre de 1999. Se definía como independentista, revolucionaria, nacional y euskaldún, cuyo objetivo era agitar la sociedad y fortalecer las luchas populares.

En abril de 2001, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó la ilicitud de Ekin, por estimar que actúaba «a nivel de codirección subordinada» y «con un objetivo común» con la banda terrorista ETA. El 31 de julio de ese mismo año, el juez procesó por pertenencia o colaboración con ETA a 31 miembros de Ekin.

En diciembre de 2011, la Audiencia Nacional absolvió a Daniel Saralegi y a su hermano Javier de un delito de amenazas terroristas a dos escoltas de un concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en 2010. La Fiscalía había pedido un año y ocho meses de cárcel para cada uno de ellos. La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideraba que no se había probado «en modo alguno» que los dos acusados amenazaran a los escoltas diciéndoles: «Hijos de puta, txakurras, vais a morir»; amenazas que también negaron los hermanos durante el juicio.

La resolución de la Audiencia Nacional declaraba como únicos hechos probados que el día 3 de noviembre de 2010, cuando los dos hermanos esperaban a que un primo «se produjo un incidente o discusión gestual» entre uno de los escoltas y los acusados.