«Caso Palau»: La puntilla de CDC

La Audiencia de Barcelona ha hecho pública hoy la sentencia sobre el expolio de la entidad: 22 millones de los que 6,6 habrían ido a parar a la formación convergente.

Ocho años y medio después de que los Mossos d´Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música, la Audiencia de Barcelona ha dado a conocer hoy la sentencia sobre el saqueo de la institución cultural, un supuesto desfalco de 22 millones de euros de los que 6,6 habrían engordado, en concepto de comisiones, las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obras públicas como la línea 9 de Metro y la Ciutat de la Justicia. Esa es la cantidad a la que deberá hacer frente el PDeCAT si el tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, considera a CDC responsable civil a título lucrativo del millonario expolio de la centenaria entidad. La formación tiene embargadas desde 2015 por orden judicial 15 de sus sedes pendiente de si debe afrontar ese desembolso para reintegrar la totalidad de las presuntas «mordidas» a Ferrovial a cambio de adjudicaciones.

El previsible varapalo judicial para la extinta Convergència fue determinante para que hace unos días Artur Mas dimitiera como presidente del PDeCAT, la formación heredera de la extinta CDC. Y es que las expectativas convergentes de una sentencia absolutoria no son demasiado halagüeñas después de que tres de los principales acusados reconocieran el expolio de la institución cultural y el pago de comisiones a Convergència provenientes de «mordidas» a Ferrovial a cambio de obra pública.

Tanto el ex presidente del Palau Félix Millet como el que fuera director administrativo de la institución Jordi Montull y su hija y ex directora financiera de la entidad Gemma Montull reconocieron los hechos tras alcanzar un pacto con el fiscal Emilio Sánchez Ulled a cambio de beneficiarse de una rebaja en sus peticiones de condenas. No en balde, el Ministerio Público pedía inicialmente para los dos primeros 27 años de cárcel y 26 para la ex responsable financiera, que gracias a ese acuerdo de conformidad podrá sortear la prisión (ahora se enfrente a tres años de cárcel pero uno de ellos eludible con el pago de una multa).

Quien se ha mantenido firme en negar las acusaciones es otro de los procesados clave: el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de tráfico de influencias y blanqueo, y a quien el Fiscal considera el engranaje entre el partido y Ferrovial para canalizar las comisiones a la formación o a fundaciones afines como la Fundación Trias Fargas. El Ministerio Público pide para él una condena a ocho años de prisión.

Según explicó el ex tesorero convergente al tribunal, los convenios entre Ferrovial y el Palau no enmascaraban ninguna comisión para el partido, sino que su objetivo era únicamente el fomento de la cultura catalana.

En su escrito de acusación, el fiscal apunta a que su comportamiento debido contar «como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido», pero ninguno se sentó en el banquillo más allá del propio Osàcar, porque ese extremo «no ha podido ser suficientemente acreditado». Pero lo que sí tiene claro es que esos pagos supuestamente ilícitos «quedaban convenientemente disfrazados incorporándose de forma aparentemente impoluta al patrimonio del partido político o entes vinculados al mismo».

«La cañería» de CDC

Al igual que Osàcar, los dos ex directivos de Ferrovial juzgados por estos hechos (que sentaron en el banquillo a un total de 16 procesados entre marzo y julio del pasado año) también siguen negando el pago de comisiones para la formación convergente. Tanto el ex director territorial de la empresa en Barcelona Pedro Buenaventura –para quien el fiscal solicita cuatro años y medio de prisión– como Juan Elizaga, que fue responsable de relaciones institucionales de Ferrovial (y afronta igual petición de condena) también niegan los hechos.

Para la Fiscalía, el Palau de la Música era «la cañería por la que transitaba el dinero» que Ferrovial desvió supuestamente en beneficio de la formación cuando Jordi Pujol era presidente de la Generalitat y máximos responsable del partido. Sánchez Ulled se quejó, en su informe de conclusiones, de que «la bandera» justificase «casi cualquier atropello con la cartera».