Cuatro acusaciones del "caso Tsunami" -Dignidad y Justicia, Sociedad Civil Catalana (SCC), Vox y la que ejercen dos policías heridos en una protesta convocada por la plataforma independentista- han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -en contra del criterio de la Fiscalía- que libre órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) respecto a los investigados por terrorismo que el pasado miércoles desoyeron la citación judicial y no comparecieron en los juzgados de Barcelona para declarar por videoconferencia en relación a su supuesta responsabilidad en la plataforma que impulsó los actos callejeros de repulsa contra la sentencia del "procés" en 2019.

En el escrito en el que solicita la medida -el propio instructor pidió a las acusaciones que se pronunciaran al respecto tras la espantada de los cuatro imputados- la representación jurídica de los dos agentes asegura que es necesario acordar una orden de busca y detención respecto a Xavier Vendrell, ex secretario de Organización y Finanzas de ERC; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra y los empresarios Josep Campmajó y Jaume Cabani, el supuesto contable de Puigdemont. Lo mismo reclama, salvo en el caso de este último, Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce la acusación popular, para la que medida resulta "proporcional y necesaria" para asegurar que sean puestos a disposición judicial y puedan prestar declaración. Vox, por su parte, ha pedido a García Castellón que orden la busca y captura de Rodríguez Selles, Serra, Campmajó y Cabani, y que se vuelva a citar a Vendrell.

La representación letrada de los dos policías apremia al magistrado a volver a citar a declarar "a la mayor brevedad" a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al empresario Oriol Soler y al jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, "atendiendo a la gravedad de los hechos que son investigados". El juez aplazó estas comparecencias por problemas de agenda de sus abogados o por motivos de salud.

García Castellón instó a las defensas de Rovira y Soler a que, en el plazo de 24 horas, precisen si ambos están en condiciones de declarar por videoconferencia la próxima semana o la primera de junio. En cuanto a Alay, instó a su abogado a informarle sobre su estado de salud (que motivó la suspensión de su comparecencia).

La defensa de los dos agentes -que ejercen los letrados José María e Ignacio Fuster-Fabra- pide respecto a los dos primeros que, si pasado el plazo no han contestado al magistrado, se libren órdenes de detención "por sustraerse de manera clara a la acción de la Justicia". Y en cuanto Alay, ve necesario que su abogado informe sobre su situación clínica "en el menor plazo posible".

Objetivo: "obstaculizar" el procedimiento

La acusación particular recuerda que a escasos días de la fecha señalada para la comparecencia, la defensa de Xavier Vendrell solicitó declarar por videoconferencia desde Colombia, alegando que reside allí por motivos de trabajo, una petición que fue denegada por el juez. Para la acusación, dado que el mismo designó un domicilio en Barcelona para las notificaciones judiciales, "la ocultación de su nuevo domicilio en Colombia ha sido deliberada y con ánimo de eludir" la citación judicial.

Campmajó y Serra también pidieron declarar por videoconferencia desde el extranjero, en su caso Suiza, alagando igualmente que su domicilio había cambiado. Para la acusación, con esa maniobra solo pretendían "la obstaculización y ralentización del procedimiento" pues no tenían "ninguna intención" de atender el requerimiento judicial.

La ausencia de Rodríguez Selles es para la representación de los dos agentes "una rebeldía frente a la Justicia española que no puede ser permitida", pues aunque su abogado no estuvo personado en la causa hasta el 13 de mayo, conocía que el periodista había sido citado para tomarle declaración por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Su actitud, recalca, es de "sustracción absoluta a la Justicia", al igual que la ausencia de Jaume Cabani, a quien ni siquiera se pudo localizar para comunicarle la citación.

SCC: "Un claro desplante" al juez

Según el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, la incomparecencia de los investigados "no fue justificada con ninguna causa legítima", lo que en su opinión constituye "un claro desplante a la autoridad judicial y una falta de respeto al procedimiento" cuyo objetivo es "eludir la acción de la Justicia".

"Esta conducta -lamenta- no solo retrasa el normal desarrollo del procedimiento, sino que también podría suponer un riesgo de obstrucción a la Justicia, ya que podría dificultar la obtención de pruebas y el esclarecimiento de los hechos investigados".

De ahí que "dada la gravedad de los hechos investigados y la actitud" de los imputados, argumenta el letrado, "se considera procedente la emisión de una orden de busca y detención para garantizar su comparecencia ante este juzgado".