Caso Nóos

Castro desbloquea de una cuenta de Torres 271.272 euros para su subsistencia

Diego Torres durante su comparecencia ante el juez Castro en febrero de 2011
Diego Torres durante su comparecencia ante el juez Castro en febrero de 2011larazon

Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Nóos, podrá disponer de 271.272 euros –provenientes de una cuenta delCreditSuisse embargada por orden judicial– para hacer frente a sus deudas, tal y como había reclamado el imputado hasta en seis ocasiones en el último año. La última, el pasado 14 de marzo, cuando Manuel González Peeters, abogado de Torres y de su esposa,Ana María Tejeiro, reiteró al juez Castro que el matrimonio se encuentra, desde noviembre de 2011, «sin la posibilidad de obtener ingreso alguno derivado de actividades profesionales», resultando «imposible» para ambos imputados «su acceso al mercado de trabajo, más aún en una época de extraordinaria y severa crisis».

El letrado reproducía entonces los argumentos esgrimidos en marzo del pasado año, para solicitar el desbloqueo parcial de las cuentas ante los «gravísimos problemas» que acuciaban al matrimonio y a su«subsistencia personal», que califica de «insostenible». La ausencia de ingresos, el bloqueo de sus cuentas y el embargo de sus propiedades para responder de la fianza civil de 8,2 millones de euros impuesta por Castro al duque de Palma y su ex socio hacen «peligrar seriamente», añadía, el mantenimiento de los bienes inmobiliarios inmovilizados en garantía de esa fianza.

Pero, sobre todo, el abogado de Torres reclamaba la medida porque, de otro modo, les resulta«inviable el poder afrontar las deudas», principalmente con Hacienda (113.898 euros), aunque también las minutas del propio González Peeters por su defensa jurídica (104.000 euros); hipoteca (1.407 euros mensuales); póliza de seguro de la vivienda (1.576 euros); seguro del hogar; gastos del garaje y de IBI; seguro de autónomos de ambos (6.160 euros al año) y los recibos del colegio de sus hijos (5.890 euros al año).Castro les obliga a «rendir cuentas mensualmente de la aplicación de tales fondos».