Catalá propone excluir del indulto por ley a los condenados por corrupción

El Ministerio de Justicia propone excluir por ley la concesión del indulto a los condenados por delitos de corrupción, además de a los sentenciados por malos tratos o pederastia, una línea de trabajo en la que se mueve el Gobierno aunque será difícil aprobarlo ya esta legislatura.

En una entrevista con Efe, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoce que el Gobierno está trabajando en la reforma de esa ley para regular en la normativa lo que, a efectos prácticos, ya se está haciendo: no conceder indultos por corrupción y excluir también aquellos delitos que más rechazo social producen.

Los ejes de lo que podría ser una reforma de la ley que regula la medida de gracia, que se remonta al 1870, son la transparencia en el proceso de concesión de indultos y la exclusión por ley de una serie de delitos sobre los que no se podrá aplicar, según el ministro.

Justicia quiere que se haga "un ejercicio riguroso y limitado"del indulto, y que se abran "puertas y ventas"para que "la sociedad sepa que los indultos que el Gobierno concede no son caprichosos".

"Excluir del indulto los delitos de corrupción, delitos fiscales, los delitos asociados con la pederastia, el maltrato, los delitos contra la seguridad vial, este tipo de cuestiones... esos son los ejes por los que se podría avanzar", explica.

El Gobierno ya se ha comprometido a informar periódicamente del ejercicio de la medida de gracia ("ni el 1 % de las solicitudes que se plantean son concedidas", apunta), y hacerlo siempre con los informes favorables de los tribunales y de las fiscalías que han conocido los casos.

"Todos esos tipos de grupos de materias a las que me he referido están excluidos absolutamente de nuestro ejercicio del derecho de gracia. Por lo tanto, llevar a un ámbito normativo lo que hoy ya hacemos en la práctica me parecería muy natural", asegura.

Pero "los tiempos de esta legislatura están prácticamente culminándose"y hay ya "un problema de calendario, no un problema de fondo", dice Catalá, tras recordar el compromiso de comparecencia periódica de Justicia en el Congreso para informar de lo que se está haciendo en materia de indulto.

Aunque el Gobierno quiere una reforma, el ministro reconoce que "no hay tiempo material para aprobar en esta legislatura una ley sobre el indulto". "A mitad de abril que estamos, si pusiéramos en marcha una proceso para presentar una ley no llegaríamos a tiempo", añade, porque requiere un periodo mínimo de tres o cuatro meses para los informes del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.

El titular de Justicia considera "legítimo"que los candidatos electorales opten por no llevar imputados en las listas, ante la "hipersensibilidad que existe hacia la corrupción", aunque también lo ha califica de "excesivo e injustificado", porque "cuántas denuncias y querellas acaban archivándose".

Catalá también abre la puerta a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su tramitación parlamentaria, para que el juez pueda prorrogar de oficio la instrucción en las causas sencillas y que esta función no sea exclusiva de la Fiscalía.

"No es bueno ni que uno tenga la exclusiva, pero tampoco que la tenga el otro", dice sobre lo que, en su opinión, debe ser "un sistema de colaboración entre juez y fiscal".

Al respecto, señala que el cambio en el modelo de instrucción para que sea el fiscal y no el juez el que instruya la causa "es una cuestión muy compleja", pero que tendrá que abordarse en la próxima legislatura. "La mayoría de la doctrina es muy cercana a ese esquema y prácticamente en todos los países de Europa ese es el modelo", recuerda.

Catalá utiliza el ejemplo del fiscal del caso que investiga el accidente aéreo de Germanwings, que ofreció a los dos días una rueda de prensa para desvelar los detalles del siniestro, para demostrar "que una Fiscalía instructora dotada de los medios y funciones adecuados es un sistema que funciona con mucha eficacia".

Asimismo, asegura que quien haya visto una maniobra política en la salida del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional está equivocado, como ha demostrado el impacto que tuvieron sus autos, que han afectado a la anterior ministra de Sanidad y al PP en "la consideración de que pueda haber cometido un delito fiscal".

"Si después de todo eso, que el juez lo ha dictado en el ejercicio de sus funciones, alguien ha podido considerar que el Gobierno ha tenido alguna capacidad de influencia, yo creo que es absolutamente de política ficción", dice.

Destaca también que Ruz ha tenido "todo el apoyo que ha podido solicitar"al Gobierno, y tiene "todo el reconocimiento a una labor de dedicación y de trabajo en el esclarecimiento de delitos que son muy complejos".