Catalá y el CGPJ ven inadmisibles las presiones sobre los jueces

El CGPJ rechaza los “ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones”, en referencia a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir la libertad de los detenidos ayer.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza los “ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones”, en referencia a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la libertad de los 14 detenidos ayer.

A través de una declaración institucional, el órgano de gobierno de los jueces considera esta acción “inadmisible en cualquier circunstancia”, pues “supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado constitucional.

Cientos de personas se concentran frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC, para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O, como continuación de la concentración que congregó ayer a unas 40.000 personas ante la sede del departamento de Economía y Hacienda

Ante esta situación, el CGPJ quiere “mostrar su apoyo a todos los miembros de la carrera judicial que, en defensa del Estado de Derecho, que rige nuestra convivencia, prestan sus servicios en Cataluña”.

El Consejo manifiesta su “más absoluto respeto” a los derechos de libertad de expresión y de manifestación y recuerda que están “plenamente vigentes” en Cataluña y en el resto del España, gracias a la Constitución.

Al respecto, considera imprescindible “reafirmar en estos momentos que la actuación del poder judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico”.

Es por ello que defiende que “el cumplimiento de su deber por parte del poder judicial no puede verse sometido a ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado que “quien se salta la ley, quien comete un delito y quien incumple una sentencia tiene que responder” y ha criticado a quienes “se les llena la boca hablando de libertad” y luego “pretenden coaccionar el libre funcionamiento de los tribunales generando una presión y queriendo, con esas manifestaciones o concentraciones, violentar la independencia de los jueces”.

“En términos democráticos, querer coaccionar el funcionamiento independiente de la justicia me parece que es un atentado contra la separación de poderes”, ha dicho Catalá, cuestionado por los periodistas en Málaga sobre la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la concentración convocada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), apuntando que no sabe si esa acción es “constitutiva de delito o no”, lo que “tendrá que decidir un juez o un fiscal”.

Así, ha lamentado que “algunos que están intentando hacer ver que el proceso por la independencia en Cataluña es el sentir democrático de los ciudadanos y se les llena la boca hablando de libertades y democracia; luego, sin embargo, pretenden coaccionar el libre funcionamiento de los tribunales generando una presión, queriendo con esas manifestaciones o concentraciones, violentar la independencia de los jueces”.

“Estoy seguro que no lo van a conseguir, los jueces son independientes en España, son profesionales y aplican la ley con absoluto rigor y sin influencia, pero aquellos que intentan presionarles están haciendo un flaco daño a nuestra democracia”, ha manifestado.

Sobre las detenciones de este pasado miércoles, ha reiterado que son “fruto de una actuación de un juzgado de Barcelona que está instruyendo una causa como consecuencia de una denuncia por unos delitos”.

Por esto, ha criticado que a alguien “le puede parecer anormal en términos democráticos y de garantías” el que la justicia “funcione, que personas que están siendo objeto de una investigación procesal tengan que comparecer, sean detenidos o lo que el juez decida”. “Es dar un mensaje profundamente antidemocrático”, ha considerado.

“Todos somos iguales ante la ley, todos estamos obligados a responder ante lo tribunales y lo que podemos estar todos seguros de que las actuaciones de ayer se han hecho por mandato de un juez, llevadas a cabo con todas las garantías y la defensa jurídica”, ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en que “quien elabore un discurso haciendo ver como que estas detenciones tienen que ver con alguna actuación contra la libertad o la democracia o la lucha contra la independencia está falseando la realidad”.

El ministro ha indicado que “lamentablemente los movimientos populistas y los nacionalismos secesionistas intentan cada vez más hacer ver que el Estado de derecho y la democracia en España no funciona y yo creo que todos los demócrata saben que tenemos todos los ciudadanos unas garantías constitucionales y nadie está por encima de la ley”.