Chaves y Zarrías debieron «conocer y autorizar» las comisiones de los ERE

La jueza Mercedes Alaya da un paso más en la exposición razonada que ha remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con los motivos de la presunta implicación en la «trama de los ERE» de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete ex consejeros de la Junta. Los aforados no solo conocieron y ampararon el sistema ilegal de concesión de ayudas públicas, sino que en algunos casos estaban al corriente incluso de algunas de las irregularidades emanadas de la aplicación del mismo. Por ejemplo, de uno de los más llamativos, las sobrecomisiones que la Junta abonó para el pago de los ERE financiados con fondos públicos y que se repartieron los actores implicados en la trama, como las mediadoras o los sindicatos UGT y CC OO. En concreto, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla señala en el informe al que ha tenido acceso este periódico que «la existencia de estas sobrecomisiones indiciariamente debía ser conocido y autorizado por el propio presidente de la Junta –Chaves, en el momento descrito–y por la persona de su absoluta confianza, don Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia que le asesoraba en todas las decisiones de Gobierno». Alaya enumera hasta cuatro razones para sustentar su afirmación.

La primera de ellas es que en algunos casos habría asociaciones de trabajadores vinculados a un ERE que gozaban de oficinas en las que se les prestaban asesoramiento fiscal y social o se organizaban actividades culturales. Esas infraestructura de locales, mobiliario y empleados era sufragado por la Junta de Andalucía a través del dinero que se les abonaba a los mediadores. La jueza recuerda que «era notorio que se aperturó una oficina en Linares para el colectivo de Santana Motor y otro en Valverde del Camino para la Faja Pirítica de Huelva», algo que ambos aforados debieron conocer.

El segundo de los motivos esgrimidos por Alaya para afirmar que «el pago de estas sobrecomisiones sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico antes citados, es que con tales sobrecomisiones se abonaban las comisiones de los sindicatos por cada expediente, de modo que estos con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva». La jueza recuerda que los agentes de la Guardia Civil tras rastrear «los datos bancarios y tributarios disponibles en la causa» ha cifrado en 7.648.815 € las cantidades percibidas por UGT y CC OO entre 2001 y 2009. Eso pese a que, según las declaraciones en sede judicial de los responsables de los mediadores, «los sindicatos no prestaban ningún servicio efectivo».

El conocimiento de Chaves y Zarrías de esta manera de proceder de la Junta de Andalucía estaba motivado por un interés político: «Engrasar toda esta red clientelar a base de ayudas públicas arbitrarias». La exposición motivada advierte de que tales sobrecomisiones «eran de notoria importancia cuantitativa». Sólo en cuatro años, «más de 36 millones de euros en prestaciones libérrimas o gratuitas para intermediarios», lo que «constituye una pieza más indiciariamente» de la posible responsabilidad de ambos diputados. Esta misma conclusión podría ampliarse al resto de aforados, ya que en otro pasaje del texto Alaya insiste en que la «publicitada finalidad de la paz social» incluía una «política discrecional de favores y comisiones procedentes de fondos públicos (más de 850 millones de euros) que enmascaraba indiciariamente una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo».

La última aportación de la jueza para afirmar que Chaves y Zarrías conocían este entramado de comisiones es la relación existente entre el ex consejero andaluz de Presidencia y el ex sindicalista y conseguidor de los ERE, Juan Lanzas. Alaya apunta a que Lanzas, con gran influencia en la Junta y que percibió 6.684.883 de comisiones entre 2001 y 2007, es una persona «muy próxima presuntamente al Sr. Zarrías, al que se ha calificado en determinados pasajes de la misma como mentor o jefe del Sr. Lanzas» y que «ambos son de la provincia de Jaén». También detalla otra relación coincidente: la que ambos mantenían con la familia Ruiz Mateos. La magistrada detalla que, según la instrucción, de los «expedientes en los que ha podido interesarse el Sr. Zarrías, todos ellos con importantes subvenciones de la Junta de Andalucía, fueron expedientes en los que intervino don Juan Lanzas, coincidencia que se habría producido en los diversos expedientes relativos a los ERES de las empresas de don José Mª Ruiz Mateos (con subvenciones sociolaborales de aproximadamente 18 millones de euros)». Hay que recordar que, según detalla la instrucción, Lanzas cobró 600.000 euros por cada uno de los cinco ERE de empresas del holding de Ruiz Mateos, dinero abonado en «B» «en entregas quincenales de 20.000 o 25.000 euros y en billetes de 500». Sobre Zarrías, la jueza pone otro ejemplo: gracias a su mediación, «la familia Ruiz-Mateos consiguió un préstamo sindicado con varias cajas de ahorros para el adelanto de 15 millones de euros de varias subvenciones que se habían concedido por la Junta».

En este sentido, hay que recordar que la Administración andaluza, desde que saltó el escándalo, negó en diversas ocasiones –algunas en el Parlamento de Andalucía– que se hubieran pagado comisiones en la financiación de los ERE, una afirmación que la instrucción ha demostrado que era falsa.

Las sobrecomisiones también sirvieron para que la Consejería de Empleo, ante dificultades puntuales de tesorería, exigiera dinero a los comisionistas para atender pagos más perentorios.

Datos recabados por la Guardia Civil

UGT y CC OO cobraron de la Junta 7,6 millones de euros entre 2001 y 2009 sin prestar «ningún servicio efectivo»

Indicios de una conexión

La jueza atribuye a Zarrías que se interesara por expedientes en los que intervino el «conseguidor» Juan Lanzas

La versión de la Junta andaluza

La Administración defendió en sede parlamentaria que nunca había abonado comisiones por los ERE que financió