Cinco años de investigación para esclarecer el desvío de 6,2 millones a Nóos

El tribunal del «caso Nóos» tiene por delante cinco meses de juicio para determinar si los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia malversaron 6,2 millones de euros de dinero público, la cantidad que abonaron entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín y su entonces socio Diego Torres por la organización de varios congresos sobre turismo y deporte. Las tres magistradas deberán dilucidar, igualmente, la legalidad de los 114.000 euros que Madrid 2016, la fallida candidatura olímpica de la capital, pagó a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, heredera del Instituto Nóos, que Anticorrupción considera una donación encubierta.

El fiscal Anticorrupción sostiene que los convenios para organizar esas cumbres se firmaron saltándose la normativa sobre contratación de la Administración Pública y que los costes de los congresos estaban inflados, por lo que generaron cuantiosos ingresos para Urdangarín y su socio, que desviaron hacia sociedades instrumentales controladas por ambos.

Esa distribución geográfica de los negocios de Urdangarín y Torres se refleja, también, en el banquillo de los acusados, en el que se sentarán, entre otros procesados, cinco ex altos cargos del Gobierno balear, con el ex presidente Jaume Matas a la cabeza, otros cinco de instituciones de la Comunidad Valenciana que firmaron los convenios con Nóos, entre ellos el ex vicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el ex secretario de Turismo del Gobierno autonómico, Luis Lobón, así como la que fuera responsable de la oficina olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.

El juez José Castro puso en julio de 2010 los primeros cimientos del «caso Nóos», una de las piezas separadas del mastodóntico «caso Palma Arena», el mayor exponente de la corrupción política en Baleares. Pero no fue hasta más de un año después, el 7 de noviembre de 2011, cuando la investigación comenzó con su imparable repercusión mediática con el registro por Anticorrupción de las oficinas del Instituto Nóos en Barcelona, la entidad sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarín y Diego Torres que está en el epicentro de toda la causa.

Un mes después, en diciembre de 2011, el juez Castro imputaba a Urdangarín, con quien la Casa del Rey ya había marcado distancias al tachar su conducta de «no ejemplar». En esa resolución, el magistrado desgranaba las empresas de la supuesta trama a las que el duque de Palma y Torres habían desviado sus ingresos ante la imposibilidad del Instituto Nóos de repartir beneficios por su condición de entidad sin ánimo de lucro. Entre esas sociedades figuraba Aizoon, la empresa que compartían al 5 por ciento los duques de Palma.

Pero Castro tardaría más de un año en citar como imputada a Doña Cristina. En marzo de 2012, Manos Limpias –que ejerce la acusación popular– lo intentó, pero el juez se negó a llamarla a declarar al no apreciar indicios contra ella. Sí lo hizo el 3 de abril de 2013, una decisión que supuso, además, que comenzara a abrirse una brecha con el tiempo insalvable con el fiscal Pedro Horrach, con quien hasta entonces la sintonía era perfecta en el marco de la investigación.

Fue precisamente Horrach, que siempre se ha opuesto la imputación de la Infanta, quien recurrió esa resolución. La Audiencia de Palma le dio la razón, pero instó al juez a investigar la posible comisión de delitos fiscales y de blanqueo por parte de la hermana del Rey a través de su participación en Aizoon.

Por esos mismos delitos, precisamente, Castro volvió a imputar a Doña Cristina en enero de 2014, pese a que la Agencia Tributaria concluyó que no apreciaba delito fiscal imputable a la Infanta. Un mes después, el 8 de febrero, acudió a declarar ante el juez y afirmó no estar al corriente de la gestión de Aizoon por la confianza que tenía en su marido, Iñaki Urdangarín. Finalmente, la hermana mayor del Rey se sentará en el banquillo junto a los otros 17 procesados, como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que el fiscal atribuye a su marido en el IRPF de 2007 y 2008. Al menos durante la primera sesión, cuando su defensa reclamará al tribunal que la aparte del procedimiento en aplicación de la «doctrina Botín», que impide llevar a juicio a un imputado sólo a instancias de la acusación popular (en este caso, Manos Limpias), cuando el afectado por el delito, en este caso la Agencia Tributaria, no aprecia indicios de delito.

Si la Sala atiende sus peticiones, la Infanta ya no estará en la sala de vistas el próximo día 9 de febrero, cuando comiencen los interrogatorios a los acusados.