Correa esgrimirá que asiste al juicio para no ir a prisión si es condenado en Valencia

Su defensa argumentará que no hay riesgo de fuga y pedirá la suspensión de la pena.

La defensa de Francisco Correa no tiene previsto solicitar al tribunal que exima al supuesto líder de la «trama Gürtel» –que a partir de hoy declarará ante el tribunal– de asistir a la vista oral. El presidente de la Sala, Ángel Hurtado, ya dejó claro hace unos días que Correa y otros trece acusados que componen el «núcleo duro» deberán estar presentes al menos en las primeras sesiones. Pero la intención del empresario es acudir a todas. Entre otras cosas, porque ése es uno de los argumentos que piensa utilizar su abogado, Juan Carlos Navarro, para evitar el ingreso en prisión de su cliente ante una más que previsible condena de cárcel en el primer juicio de «Gürtel», que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dejó visto para sentencia el pasado mes de abril.

El fallo todavía no se ha hecho público, pero el empresario se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 13 años de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad documental, por el supuesto amaño de las adjudicaciones del pabellón de la Generalitat Valenciana en Fitur entre los años 2005 y 2009, por los que la «trama Gürtel» llegó a ingresar cinco millones de euros.

Si Correa es condenado a una pena superior a seis años de cárcel tendrá complicado no ingresar en prisión pese a que su defensa recurra en casación ante el Tribunal Supremo. Y es que el Alto Tribunal ha mantenido de forma reiterada la no suspensión del ingreso en prisión de un condenado a más de seis años de cárcel mientras se resuelve su recurso de casación (aunque, el pasado julio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León eximió de entrar en prisión a la ex policía local Raquel Gago, condenada a doce años de cárcel como cómplice en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie).

En todo caso, el abogado de Correa utilizará la presencia de su cliente en el banquillo de los acusados del juicio del «caso Gürtel» (que no terminará, según las previsiones del tribunal, antes del mes de julio del próximo año) para conjurar un posible riesgo de fuga y conseguir, de ese modo, que el presunto cabecilla de la trama corrupta no vaya a la cárcel hasta que la condena, en su caso, sea firme.

Pero, además, la defensa de Correa ya hace cuentas sobre los días de prisión que deberán descontarse al empresario. El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estableció en 2013 que las comparecencias periódicas en los juzgados deben descontarse del tiempo de estancia en prisión, una equivalencia que fijó después (al ratificar la decisión adoptada al respecto por la Audiencia Provincial de Tenerife) a razón de un día de cárcel menos por cada diez de comparecencias periódicas.

Correa salió de prisión en junio de 2012 y el juez Pablo Ruz le impuso la obligación de comparecer diariamente en los juzgados. En la actualidad, y desde hace más de dos años, el líder de la «red Gürtel» únicamente tiene que acudir dos veces por semana (los lunes y los viernes). Esas comparecencias, en cualquier caso, le supondrán la rebaja de unos cuantos días de privación de libertad (el líder de Sortu, Arnaldo Otegi, sin ir más lejos, adelantó 27 días su salida de la cárcel el pasado mes de marzo gracias al cómputo de sus comparecencias periódicas cuando estaba en libertad).

Pero, además, el abogado de Correa pretende equiparar la asistencia al juicio del «caso Gürtel» de su cliente con esas comparecencias «apud acta», de manera que por cada diez jornadas de vista oral le descuenten un día de condena. Si el proceso concluye finalmente con alrededor de un centenar de sesiones, en ese caso Correa podría rebajar diez días de condena, según apuntan fuentes de su defensa.

A la caza de atenuantes

La esperada declaración de Correa ante el tribunal del «caso Gürtel» arranca hoy con la incógnita de hasta dónde está dispuesto a tirar de la manta el principal acusado. Fuentes de su entorno niegan hasta el último momento la existencia de un pacto con la Fiscalía. La rebaja de los seis años de prisión que pide Anticorrupción por el delito más grave (la estancia en la cárcel no puede superar el triple de la pena más grave), un cohecho continuado agravado en la trama de Majadahonda, es por ahora el principal escollo. Junto al hecho de que Correa quiere cerrar un acuerdo que englobe a sus ocho causas pendientes, en las que podría ser condenado a penas que suman 300 años de cárcel. A cambio, está dispuesto a hacer frente a los alrededor de diez millones de responsabilidad civil que se le piden en las distintas causas (ya ha puesto a disposición del tribunal 2,2 millones de una cuenta bloqueada en Suiza para asumir su responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel).

Si, como parece, no se cierra finalmente ese pacto, Correa intentará colaborar con la Justicia con confesiones puntuales para hacerse merecedor del mayor número de atenuantes, según fuentes de su defensa, que aligeren esos 125 años de prisión que pide para él Anticorrupción. Su intención, al parecer, es no perjudicar a su «núcleo duro». El resto de procesados, sobre todo los ex cargos públicos del PP, no tienen demasiados motivos para estar tranquilos.