El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 2.084 millones de euros para inyectar en el Ministerio de Defensa y el PP se ha mostrado crítico con esta transferencia de crédito ya que nace por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, tal y como ha expresado la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, este desplazamiento de fondos se hace "por la puerta de atrás y de espaldas a los españoles". "Eso no es democracia, es pura autocracia", ha afirmado García en la sesión de control al Gobierno.

El Ejecutivo ha tratado de relativizar esta partida asegurando que no supone ningún añadido más que acerque a España al cumplimiento del 2% del PIB en gasto en Defensa que exige la OTAN ya que esta transferencia ya se hizo el año pasado. En este sentido, se tiene que hacer porque los presupuestos están prorrogados desde 2023 y eso obliga al Gobierno a mover partidas. En concreto, esta partida va destinada "a la modernización, mantenimiento y mejora de los efectivos, infraestructuras e instalaciones atribuidas la Ministerio de Defensa".

Pese a todo, la maniobra del Gobierno no ha estado exenta de las críticas del PP. "Así gobierna Sánchez: con el mando a distancia, desde el búnker de la Moncloa, sin presentar presupuestos y sin pasar por el Parlamento", ha afirmado García, quien ha cargado también contra el Gobierno por los intentos de suprimir competencias a la Cámara Alta porque el PP tiene mayoría absoluta. "Ustedes, con la delegada de Sánchez en el Congreso, la señora Armengol, han mutilado ilegalmente la última ley que aprobamos", ha denunciado García, en referencia a la Ley sobre pérdidas alimentarias, donde PP y Junts pactaron una enmienda que se hubiera aprobado en el Congreso, pero el Gobierno intervino para borrarla.

Lo cierto es que las relaciones entre el PP y el Gobierno han abierto un paréntesis con la negociación del decreto para suavizar el impacto de los aranceles de Estados Unidos, aunque parece que tiene los pies de barro. En cualquier momento, el entendimiento entre ambas partes puede venirse abajo: los populares son muy críticos con los intentos del Gobierno por esquivar a las Cortes para gobernar ya que Sánchez está muy débil parlamentariamente y trata de evitar el máximo número de votaciones posible.

De hecho, Sánchez evita llevar los presupuestos al Congreso porque es consciente de que sus propios socios los tumbarían por aumentar el gasto en Defensa. Está por ver qué capacidad de maniobra tiene el PP para acudir ante el Tribunal Constitucional porque la presentación de los presupuestos es una obligación constitucional, según el artículo 134.3 de la Carta Magna.