De las «sobrecomisiones» a las facturas falsas

Cuando todavía los sindicatos no han podido responder a la acusación de la jueza Mercedes Alaya de haberse «financiado de forma irregular» durante una década con el dinero de los ERE, ahora también se les investiga por presunto desvío de fondos. Es el nuevo problema al que se enfrenta UGT, cuyo papel en la «trama de los ERE» era esencial, no sólo para la magistrada instructora, sino también para la Guardia Civil, intermediarios e incluso intrusos. Participaban activamente antes y después de la tramitación de los expedientes de regulación de empleo. Un sistema «perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio», del que los sindicatos se aprovecharon en gran medida. No en vano, tanto CC OO como UGT tenían información de primera mano –a través de los trabajadores y de los comités de empresa– de las dificultades de las compañías. Eran las propias centrales sindicales las que ponían el mecanismo en marcha y tras la negociación entre empresa, sindicatos e intermediarios, se llegaba a un acuerdo que favorecía a todos: un ERE financiado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que ofrecía una salida digna a los empleados al tiempo que saneaba las cuentas de la empresa. Pero también benefiaba a los sindicatos. Cuanto mayor fuera el número de despidos, más trabajadores recibían una póliza de rentas previa a su jubilación pagada con fondos públicos y, sobre todo, más comisiones a repartir. El montante variaba con cada ERE, pero los porcentajes estaban fijados de antemano: en torno al 0,5 y el 1 por ciento del volumen global de cada operación. Traducido a euros, el negocio les salió sumamente rentable. Más de siete millones se embolsaron los sindicatos con este procedimiento según consta en el auto de la jueza Alaya en el que mandaba a prisión a José González Mata, dueño de la mediadora Uniter. Los indicios contra los sindicatos no cesan ahí. Alaya cree que UGT y CC OO «imponían» las sobrecomisiones por «facilitar» los ERE. Una tesis que corroboran las declaraciones de imputados de las consultoras implicadas, que aseguran que los sindicatos cobraban «sobrecomisiones» y pagos «que no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado». Sobre este papel de los sindicatos, el directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que «si no se abonaba (la comisión), se iban a la Junta y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban». Un papel relevante, que también han corroborado los intrusos implicados. UGT y CC OO han negado que cobraran nada «ilegal». El tiempo y la Justicia dirán quién miente.