Llamadas «ilegales» de los directores de instituto a la huelga estudiantil

Responsables de centros catalanes piden a los padres que autoricen la falta a clase de sus hijos para protestar «contra la represión franquista».

Responsables de centros catalanes piden a los padres que autoricen la falta a clase de sus hijos para protestar «contra la represión franquista».

Directores de distintos centros educativos han remitido circulares a los padres de alumnos en los que se informa de la convocatoria de huelga general estudiantil para hoy y mañana. Es el caso de la directora del IES Miquel Biada de Mataró (Barcelona) que, en una carta a los padres, solicita que autoricen a sus hijos menores para secundar la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes «en contra de la represión franquista y el artículo 155». La directora remite a la web del sindicato de izquierdas por si los padres quieren informarse, pero advierte de la necesidad de que autoricen la ausencia de sus hijos e informa de que el instituto permanecerá abierto para aquellos que decidan acudir a clase.

Sin embargo, casos como éste son susceptibles de la apertura de expedientes disciplinarios, según aclara la Inspección educativa. «Los directores de los centros no tienen como función hacer de correa de transmisión entre los sindicatos convocantes de una huelga y los padres de alumnos para que la secunden. Conculca el estatuto de la Función Pública, que prevé la neutralidad del docente, y vulnera derechos fundamentales del alumno, ya que el director debe velar por el interés superior del menor, que es asistir a clase», explican fuentes de la Inspección educativa catalana.

Tampoco los estudiantes tienen derecho a huelga «que es exclusivo de los trabajadores», dice la inspección, aunque ayer el Síndic de Greuges lo defendía al asegurar que «los centros no pueden permanecer aislados del entorno, y niños y adolescentes tienen derecho a recibir información y formación, a participar, a reunirse y hacer huelga». En el caso de la circular del instituto de Mataró, tampoco se aclara que los alumnos de primero y segundo curso de la ESO no pueden hacer huelga y tienen la obligación legal de asistir a clase. «Un hecho muy grave», aseguran los inspectores consultados por LA RAZÓN. Así viene establecido por la ley de Educación. Primero en la LOE y se mantiene en la Lomce, aunque durante su redacción se pensó en eliminar este punto. La disposición final primera permite que los alumnos, a partir de tercero de la ESO, puedan faltar a clase para reunirse si antes lo ponen en conocimiento del director sin que eso suponga sanción o falta de ningún tipo. No obstante, en la práctica, este artículo viene a ser una cobertura pseudolegal a las huelgas de estudiantes.

Un caso similar ha ocurrido en otro instituto de Sant Pol de Mar (Barcelona), donde también se ha enviado una circular a los padres, aunque, en este caso, sí se advierte de que los alumnos del primer ciclo de la ESO no tienen derecho a la huelga. El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ayer se lamentó de las situaciones que se están produciendo durante estos días en las escuelas catalanas. «Lo que estamos viviendo estos días supone la puesta a disposición de la educación al servicio de un proyecto político segregador y secesionista con el objetivo de romper nuestro marco común de convivencia».

Ayer, el coordinador de jóvenes de Sociedad Civil Catalana, Josep Lago, manifestó que «las huelgas estudiantiles tienen un alto porcentaje de seguimiento porque los alumnos tienen miedo a ir a clase por los piquetes y sus comportamientos violentos, no porque respalden la convocatoria».

Las entidades que integran el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE) expresaron su indignación con las acusaciones de adoctrinamiento y la previsible aplicación del artículo 155. No acatarán la orden de hablar en castellano y seguirán hablando de política en clase de Ciencias Sociales, según dijeron. El sindicato de maestros USTEC-STES advirtió de que, si la escuela catalana es intervenida, no reconocerá como interlocutores válidos a quienes asuman las competencias.