Dos personas de confianza de Méndez, señalados por las facturas falsas de UGT

La UCO atribuye un papel clave al IFES y apunta a Teresa Muñoz y Antonio Retamino

La Guardia Civil ha encajado las piezas del puzle ideado por UGT-A para presuntamente quedarse con parte de los fondos que el sindicato recibía por parte de las administraciones –fundamentalmente la Junta de Andalucía– para impartir cursos de formación. Esta investigación es la que justificó los registros del pasado 9 de julio en la sede del IFES en Madrid y en Sevilla. En un informe entregado al Juzgado de Instrucción 9 y al que tuvo acceso LA RAZÓN, la UCO señala que «el artificio descubierto, que permitiría justificar la existencia de un gasto cuyo pago podría justificarse ante la Administración concedente de la subvención como gasto elegible y, por tanto, subvencionable, consistiría en que el IFES utilizaría los locales propiedad de UGT-A para la realización de acciones formativa subvencionadas, pero, al ser los locales utilizados propiedad de la misma UGT-A y el ser UGT, al mismo tiempo titular al 100% del IFES, no se generaría gasto alguno en concepto de alquiler». Ese inconveniente fue subsanado por la dirección ugetista de la siguiente forma: «Al tratarse este gasto de alquiler de inmueble de un gasto subvencionable, los responsables de UGT-A y Soralpe idearon un instrumento a través de cual se generaría artificialmente un gasto en concepto de alquiler de aulas con el que justificar parte de las subvenciones recibidas». La fórmula para obtener beneficios de la formación consistió en escriturar durante los años 2006 y 2012 ante notario «la cesión en usufructo temporal» por parte de UGT-A de una serie de inmuebles a la mercantil Soralpe I Mas. A cambio, ésta «pagaría unas pequeñas cantidades que no se llegarían a desembolsar» como gastos de mantenimiento. Cumplido ese trámite, Soralpe tenía disponibilidad de los locales y le alquilaba los mismos al IFES «emitiendo las correspondientes facturas que eran finalmente presentadas para justificar un gasto que únicamente se generaba de modo artificial», concluyen los agentes de la Guardia Civil. El juez ha autorizado a la UCO para que rastree el destino del dinero a través de varias cuentas corrientes.

La Benemérita ha entregado al instructor un informe sobre las facturas emitidas por Soralpe a IFES por el alquiler de las aulas para las acciones formativas. El goteo de cesiones de inmuebles en usufructo de UGT-A a Soralpe bajo protocolo notarial es constante. Según recogen los agentes a modo de ejemplo, el último protocolo notarial estipula que Soralpe abona por el inmueble más caro 500 euros al año. Luego, estos mismos edificios se los alquilaba al IFES mucho más caros. La clave es que era la Junta de Andalucía la que abonaba con cargo a las subvenciones ese alquiler. También hay acciones formativas financiadas por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y por el Instituto Nacional de la Administración Pública. El análisis detallado de la UCO concluye que sólo en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, Soralpe ingresó del IFES y de UGT-A un total de 7.146.130,21 euros –2,1 del sindicato y 5,035 de IFES– por diversos conceptos. Sólo por el alquiler de aulas cedidas previamente en usufructo –gastos «inexistentes», según el informe– se emitieron facturas por 1,7 millones que sirvieron para justificar gastos de alquiler. La cantidad puede aumentar porque hay otros de alquiler «no referenciados» –385.255 euros– o «no detectados» –más de dos millones– por la UCO.

En las conclusiones, los agentes señalan que esta actuación constituye «un fraude de subvenciones públicas». Y señala a las personas físicas «presuntamente responsables», entre las que cita a dos ex secretarios generales de UGT-A –Manuel Pastrana y Francisco Fernández, ya imputados–, y a dos personas de confianza de Cándido Méndez: Teresa Muñoz y Antonio Retamino como presidenta y secretario del patronato del IFES respectivamente. Ambos forman parte de la comisión ejecutiva de UGT según figura en su web.

En los últimos registros en las sedes del IFES en Madrid y Sevilla, la UCO se incautó de numerosa documentación que se encuentra analizando en estos momentos. En Madrid, los agentes se hicieron, entre otras cosas, con un disco duro oculto en una «caja fuerte» de un despacho.