Dureza contra la corrupción

Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno, los principales objetivos.

Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Éstos son los principales objetivos de la Ley de Transparencia que iban a aplicar a las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público. Sin embargo, ayer, el presidente del Gobierno , Mariano Rajoy, anunció que esta ley se aplicará también a los partidos políticos y, en concreto, en lo que afecta a su financiación.

La fiscalización de los partidos corresponde al Tribunal de Cuentas, pero hay «agujeros» que escapan de ese control por parte del órgano fiscalizador. Así ocurre con las fundaciones vinculadas directamente a los partidos, quienes, hasta ahora, han quedado al margen.

Una vez que se refleje en la ley las novedades anunciadas ayer por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, tanto, por ejemplo, FAES como las fundaciones Ideas, Sistema y Pablo Iglesias, vinculadas al PP la primera de ellas y al PSOE el resto, tendrán que dar cuenta de todos sus ingresos y gastos al Tribunal de Cuentas.

Junto a ello, la Ley de Transparencia se aplicará también para «controlar» los patrimonios con los que los altos cargos abandonan sus puestos. Se trata de detectar, en su caso, si se ha producido un incremento «sospechoso» del mismo, para, de esa forma, poder actuar de inmediato.

Pero unida a esa transparencia aplicable a los partidos políticos irá la reforma del Código Penal, que se encuentra en fase de que el anteproyecto pase a tramitarse como proyecto de ley, tras haber recibido ya los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.

Así, se prevé en el anteproyecto la tipificación de las conductas de obstaculización de la ejecución y ocultación de bienes; se adecúa la insolvencia punible a los supuestos de acreedores declarados fraudulentos y se modifica la pena para conductas ilícitas de los administradores concursales, que también podrán ser condenados por malversación y cohecho. Los delitos relacionados con la corrupción, como estos dos últimos serán sancionados con más dureza. Junto a ello, la prescripción para estos delitos será superior a los cinco años en los que están fijados actualmente.