El 25% de las investigaciones fiscales afecta ya al terrorismo islamista

Los presos yihadistas serán casi la mitad que los de ETA en las cárceles españolas a final de año.

El terrorismo yihadista es una de las grandes amenazas que pesa sobre nuestro país. De hecho, es una de las principales preocupaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, las cuales han desarrollado en 2016 un total de 33 operaciones contra este tipo de terrorismo, con la detención de 64 individuos por su presunta relación con el mismo, aunque no todos ellos ingresaron en prisión. En esa labor ha jugado un papel más que relevante la Audiencia Nacional, y, de hecho, una de cada cuatro investigaciones abiertas por la Fiscalía de esta sede jurisdiccional durante este año está relacionada con el fenómeno del terrorismo yihadista, el 25 por ciento del total de las abiertas en las tres fiscalías de la Audiencia.

En estos momentos las cárceles españolas albergan a 126 presos por su vinculación con estas actividades terroristas, de los que 100 son preventivos y 26 penados, entre estos últimos diez condenados por los atentados del 11-M y otros tantos por la «operación Cesto». De los que todavía no han sido juzgados o ya lo fueron pero se encuentran a la espera de la decisión del Supremo, 13 de ellos están en prisión desde 2014; otros 34 desde 2015 y 53 ingresaron este mismo año. De esta forma, no es nada descartable que a finales de año el porcentaje de presos yihadista sea ya la mitad de los reclusos de ETA: 280 penados y otros 12 preventivos. «Se está invirtiendo claramente la pirámide del fenómeno terrorista», se afirma desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Y, es que el terrorismo de carácter yihadista se presenta, según destacaron a LA RAZÓN fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como «la mayor amenaza para la seguridad y la libertad de nuestras sociedades», amenaza que se incrementa notablemente por sus diversos orígenes: la presencia de terroristas autónomos autorradicalizados y el regreso de los combatientes procedentes de Siria u otras «zonas de conflicto», con un altísimo nivel de «preparación, adiestramiento y radicalización», incrementan el riesgo de la comisión o intento de perpetrar alguna acción terrorista. Por ello, se sostiene que el terrorismo yihadista es, «hoy por hoy una amenaza permanente y sin duda la más importante para las democracias y las sociedades occidentales; la reciente ejecución de gravísimos atentados en países tan cercanos como Francia o Bélgica es la muestra evidente de ello».

Junto a ello, se ha constatado que internet y las redes sociales juegan un papel fundamental en el auge que ha tenido este fenómeno terrorista, toda vez que son utilizadas para la captación, adiestramiento, radicalización, autoadoctrinamiento, etc. Por ello, se considera fundamental acrecentar la presión en estas áreas y controlar de forma exhaustiva cualquier actividad que se detecte en las redes que pueda estar vinculada con el yihadismo. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo tiene claro: «En la medida que seamos capaces de frenar las actividades, las acciones que se producen a través de las redes sociales, tendremos una mayor seguridad y evitaremos atentados». Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, considera que ésa es la clave de la respuesta penal frente al terrorismo yihadista, una respuesta basada en la prevención: « Disponemos de uno de los sistemas legales más avanzados del mundo, tanto en el plano normativo como en el operativo, debido sobre todo a la eficaz actuación de los servicios policiales antiterroristas y a su estrecha coordinación con la Fiscalía y los jueces de la Audiencia. Pero necesitamos reforzar la plantilla de la Fiscalía para garantizar un buen funcionamiento del sistema», destaca.