El bipartidismo aísla a Podemos

PP y PSOE pactan prohibir los cortes de luz a familias vulnerables y encaran una etapa de consensos que desplaza a la formación morada, que no quiso participar, y a Ciudadanos, que sí lo hizo pero fue excluido de la foto del acuerdo.

Un PP en minoría frente a una oposición ávida de tumbar sus políticas más controvertidas y un PSOE diezmado electoralmente que necesita fortalecerse en la oposición han articulado lo que hace meses parecía imposible: una entente entre las dos grandes fuerzas en la que ambas ganan. El Gobierno tiene en el principal partido de la oposición un aliado para sacar adelante los desafíos más acuciantes de la legislatura –aunque para ello tenga que hacer cesiones– y los socialistas, que según el presidente de la gestora, Javier Fernández, están más cerca del PP en los temas «cruciales», han conseguido desplazar a Podemos y «apuntarse» los primeros grandes tantos legislativos del nuevo curso político, presumiendo de ejercer una «oposición útil». Mientras el bipartidismo se refuerza, con Ciudadanos como muleta, Podemos asiste cual convidado de piedra al avance en asuntos de Estado, en los que adolece de falta de influencia.

Primero fue la necesidad de sacar adelante el techo de gasto. Para ello, el Gobierno negoció con el PSOE elevar una décima el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, del 0,5% al 0,6%, y aumentar en un 8% el Salario Mínimo Interprofesional –lo que supone un incremento de unos 50 euros mensuales en 2017–. El acuerdo, a cambio del voto positivo de los socialistas, pilló a contrapié a Ciudadanos –que criticó que se les hubiera excluido de las negociaciones–, pero sobre todo a Podemos, que sólo una semana antes había visto respaldada en el Congreso su propuesta de incrementarlo a 800 euros en 2018. La formación de Pablo Iglesias criticó que el PSOE se conformara con «migajas», con la menor subida pactada con el Gobierno, pero lo cierto es que los socialistas consiguieron llevar a la práctica el incremento del salario sin necesidad de extensos trámites legislativos.

Si este acuerdo podía parecer puntual, ayer el tándem PP-PSOE consiguió un nuevo avance. El Gobierno se asegura la validación parlamentaria de la reforma de la ley del sector eléctrico –en la que se encuentra el bono social, esto es, el sistema que permite bonificar la factura eléctrica a determinados colectivos– después de que el Tribunal Supremo anulara hace un mes la norma vigente desde 2013, y a cambio los socialistas consiguen incluir en la misma la prohibición de cortar la luz a las familias más vulnerables. Una demanda que estaba en el programa electoral de Podemos, pero en cuya negociación los morados –sorprendentemente– no quisieron participar. Desde el Gobierno se han llevado a cabo reuniones con todos los grupos parlamentarios pero finalmente sólo se recibieron aportaciones de PSOE –un texto articulado– y de Ciudadanos –que se sumó a última hora del martes, ante la certidumbre de volver a quedarse fuera y que volvió a expresar su malestar por se excluido de la foto del acuerdo–. La formación de Pablo Iglesias, que se mostró muy crítica con el acuerdo, calificándolo de «chanchullo» y «pacto secreto» entre PP y PSOE, también fue requerida para realizar dichas incorporaciones, aunque optó por no hacer ninguna. «El PSOE se ha puesto a trabajar, otros a protestar», destacó el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, después de reunirse con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para cerrar el acuerdo.

En esta voluntad de alcanzar nuevos consensos se encuadra también la oferta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de negociar punto por punto con el resto de partidos una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, para evitar que ésta sea derogada en su totalidad. No en vano, la oposición aprobó en noviembre una moción instando al Gobierno a suprimir la polémica regulación y el PSOE registró hace una semana una propuesta de ley para sustituirla por la que operaba hasta su aprobación, la «ley corcuera». Sin embargo, en esta ocasión no parece que el entendimiento tenga visos de prosperar, pues los socialistas animaron al Ejecutivo a sumarse a la aprobación de un nuevo texto, que tenga un mayor consenso, en lugar de revisar el actual.