El interventor advirtió a Puigdemont de irregularidades en la gestión del agua

La Guardia Civil requirió ayer numerosa documentación al Ayuntamiento de Gerona y registró varios domicilios para esclarecer el supuesto desvío de 15 millones en Agissa.

Policías y guardias civiles en la sede de Agissa

La Guardia Civil requirió ayer numerosa documentación al Ayuntamiento de Gerona y registró varios domicilios para esclarecer el supuesto desvío de 15 millones en Agissa.

La Guardia Civil se personó a primera hora de la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Gerona, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número dos del municipio, Manuel Marcelo, para requerir diversa documentación relativa a la gestión del servicio de abastecimiento de agua por parte de la empresa mixta Agissa (Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter) y de la sociedad privada que posee el 80% de la misma, Girona S. A.

La «operación Aquarium», coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, indaga en el supuesto desvío de 15 millones de euros entre 1998 y 2013 (cuando bajo el mandato del entonces alcalde Carles Puigdemont se acordó prorrogar la concesión) en detrimento de las arcas públicas, tal y como denunció la Agencia Tributaria hace unos meses en un informe incorporado al procedimiento. Según Hacienda, el reparto de beneficios, sin tener en cuenta los costes de las inversiones, no hizo más que engordar las arcas del socio privado de la concesionaria mermando los fondos municipales hasta descapitalizar Agissa. De hecho, la lista de sobrecostes y servicios supuestamente ficticios que jalonan todos esos años de gestión hace sospechar a los investigadores de la existencia de un posible pago de comisiones para financiar las campañas electorales de la formación convergente.

Lo cierto es que Puigdemont ya fue alertado el 19 de noviembre de 2015, apenas dos meses antes de convertirse en presidente de la Generalitat tras la renuncia de Artur Mas, de las irregularidades en la gestión de la empresa de distribución de agua. En un informe firmado por los tres interventores de los municipios afectados (Gerona, Salt y Sarrià de Ter) se denunciaban numerosas irregularidades en el ejercicio auditado (2013).

Por ejemplo, se ponía en conocimiento del equipo de Gobierno que encabezaba todavía Puigdemont que durante ese año Agissa no había abonado a la Generalitat los 150.000 euros de liquidación del cánon estipulado por la prórroga de la concesión que acababa de validar el Ayuntamiento de Gerona. La concesionaria justificó esa omisión al considerar ese desembolso exento de tributación «pese a que la operación no se adecúa a ninguno de los supuestos de exención previstos en la ley».

Fuentes de la investigación del «caso Agissa» aseguran no obstante que en estos momentos la investigación judicial «no salpica a Puigdemont en absoluto» y que atribuirle una posible conducta delictiva en relación a este asunto es, en el estado actual de la instrucción, «un salto en el vacío».

Los interventores municipales se quejaron también de que Agissa no les entregó toda la documentación solicitada para llevar a cabo la auditoría aunque «se les requirió reiteradamente», lo que consideran un «menosprecio» a sus funciones. Hasta el punto de que achacan la dilación en la elaboración del informe en «la falta de respuesta a los requerimientos dirigidos a la sociedad, con el visto bueno del alcalde de Gerona, en relación a su situación fiscal».

El informe alertaba igualmente de «lo que parecen ser irregularidades financieras en el seno de la empresa». Y es que aunque la inversión comprometida para 2013 en el servicio de abastecimiento de agua era de 60.000 euros, la auditoría desveló que las inversiones efectivamente realizadas sumaban únicamente 42.544,46 euros. Y eso que el crédito solicitado para llevarlas a cabo fue de 300.000 euros, que se sumaron a otro previo de 120.00. «Sorprende la desproporción existente entre las inversiones efectivamente realizadas y los créditos solicitados para financiarlas», apuntan los interventores.

Asimismo, denuncian que «un considerable número de contribuyentes» no pagó la tasa de recogida de residuos, gestionada por Agissa, por lo que los tres ayuntamientos dejaron de ingresar 686.000 euros en ese ejercicio.

En cuanto a los gastos de personal, el informe también señala que el socio privado, Girona S. A., no acreditó documentalmente la justificación del coste real que debía asumir para pagar a la plantilla. En ese mismo apartado, se quejan que los 187.982 euros que la sociedad privada repercutió en Agissa para pagar a sus directivos «no están ni justificados ni detallados». Del mismo modo, los funcionarios autores del informe aconsejaban llevar a cabo un estudio exhaustivo de los costes del servicio para realizar una «correcta imputación de los costes de la tarifa» ante la sospecha de una posible «ocultación o uso inadecuado de déficits» a la hora de fijar el precio que los usuarios pagaban por el agua en los tres municipios.

En conclusión, apostaban por la «necesidad urgente de designar a una persona de confianza del Ayuntamiento» para que velase por el buen funcionamiento de Agissa dado que la Intervención municipal, reconocían, «desconoce los procedimientos internos de la sociedad»

La investigación que dirige el juez de Gerona, que parte de una querella impulsada por la CUP en 2015 contra directivos de Agissa, se amplió el pasado agosto con uno de los tentáculos del «caso 3%» sobre la supuesta financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Y es que el juez de El Vendrell que instruye el caso, Josep Bosch, detectó entre los proveedores de Girona S. A. a dos empresas vinculadas con esa presunta trama de financiación irregular de CDC: AMR Publicitat, de la que es administrador Anton María Rigau, hermano de la ex consejera de Educación de la Generalitat Irene Rigau, condenada a 18 meses de inhabilitación por su papel en el 9-N, y Concerts Estudio S. L. Por ahora, hay siete personas investigadas, entre ellas el consejero de Agissa Narcís Piferrer y su sucesor, Xavier Ballell.