El CGPJ pide actuar contra la comisión sobre la violación de derechos el 1-O

Advierte de que la Generalitat no puede «desarrollar funciones de vigilancia»

Ante el órdago que lanzó la Generalitat este jueves sobre el Poder Judicial y la Fiscalía por la actuación policial en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre –con el que el Govern pretende crear una comisión especial para investigar a la Policía y Guardia Civil– el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial pidió ayer a la Abogacía del Estado que «curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes» contra el acuerdo del Gobierno de la Generalitat para «restablecer el ordenamiento constitucional y legal que mediante citado acuerdo se ha visto conculcado».

A través de un comunicado, el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, explicó que propondrá de forma inmediata a la Comisión Permanente la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados. Esta petición por parte del Poder Judicial coincide también con la unanimidad de voces procedentes de asociaciones de jueces y fiscales, como Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) o Unión Progresista de Fiscales (UPF) entre otras, que clamaron contra esta comisión de la Generalitat y tildaron de «órgano innecesario» ya que en España los derechos y libertades están ya garantizados por la Constitución.

Así, Lesmes, en una carta dirigida al director de Servicios Jurídicos del Estado, Eugenio López Álvarez, le ha pedido que recurra la creación de la Comisión porque supone una «flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial», asegura.

Para el presidente del TS y del CGPJ, «lo que no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes», añade en su escrito el presidente del Poder Judicial. Además, también lanza una advertencia a la Generalitat dirigida por Carles Puigdemont: «el Govern no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales».

Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo hace especial hincapié en recordar que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales siempre que ostente legitimación procesal y material, «pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar».

El duro comunicado del Poder Judicial finaliza criticando el desprecio del Govern por «los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo».