El CGPJ reclama más «claridad y precisión» en la reforma de la justicia universal

El pleno del CGPJ ha pedido que se redacten "con mayor claridad y precisión"algunos de los preceptos de la ley de justicia universal si bien ha avalado la reforma al considerar que "es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional".

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se redacten "con mayor claridad y precisión"algunos de los preceptos de la ley de justicia universal si bien ha avalado la reforma al considerar que "es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional".

Ésta es una de las principales conclusiones que recoge el informe al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial -preceptivo pero no vinculante- que durante dos días han debatido y finalmente aprobado los miembros del órgano de gobierno de los jueces con 13 votos a favor y 7 en contra.

El CGPJ sugiere que "se redacten con mayor claridad y precisión"algunos de los preceptos para evitar las controversias en cuanto a su interpretación y afirma que es "consciente"de la polémica surgida por los narcotraficantes extranjeros apresados en aguas internacionales aunque se abstiene de hacer comentarios hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo.

Con todo, los vocales avalan la reforma de la justicia universal al entender que la incorporación de este principio jurídico a la normativa española "es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional".

Entre otros aspectos, el informe rechaza el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el resto de tribunales inferiores y pide la supresión de este artículo que recoge el anteproyecto impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

De esta forma, el pleno se hace eco de las reflexiones que sobre esta cuestión emitió la Sala de Gobierno del Supremo en el informe que le fue solicitado por el CGPJ.

Califica de "idónea y adecuada"la nueva organización judicial prevista, basada en los tribunales provinciales de instancia, pero propone flexibilizar el modelo.

Asimismo, aconseja "reconsiderar"la propuesta de que el CGPJ pueda ordenar a quien perturbe a los jueces el inmediato cese en dicha conducta, que si persiste constituiría un delito contra la Administración de Justicia, al considerar que "puede chocar con el ejercicio de las libertades de expresión e información".

Con relación a las lenguas cooficiales, el consejo pide que la norma "especifique"la necesidad de que el tribunal, al inicio de cada actuación, "haga ver a las partes su derecho a utilizar el idioma oficial propio de la comunidad autónoma".

Asimismo, el informe aboga por el mantenimiento de las categorías judiciales -eliminadas en la reforma- y rechaza la posibilidad de reelegir a un máximo de cuatro vocales del CGPJ para un segundo mandato puesto que "no está justificada y puede afectar a la independencia"de los vocales.

Señala que el recurso de revisión ante el Supremo previsto en la reforma para las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos en los que España haya sido parte demandada y en que se declare la violación de un derecho "cumple con las exigencias que el Tribunal Constitucional ha considerado como inexcusables para proceder a la ejecución de tales sentencias en el ámbito interno".

Ante la posibilidad de que el juez unipersonal que se sienta afectado en su independencia pueda solicitar que otros dos magistrados de su mismo tribunal formen sala con él para resolver el asunto, el informe explica que podría "afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".

En este informe, el CGPJ ha tenido en cuenta las aportaciones de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia; las asociaciones judiciales, una representación de los jueces decanos y los miembros de la carrera en general.