El Código Ético del BEI prevé el cese de Álvarez por conducta reprochable

En julio de 2010, la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez fue elegida vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en sustitución del portugués Carlos da Silva Costa –que fue nombrado gobernador del Banco de Portugal–, ya que España y Portugal se turnan para ocupar una plaza en el Comité de Dirección del organismo. Desde entonces, ha ejercido de responsable de Redes Transeuropeas, con competencia en asuntos relativos a redes de transporte, igualdad de oportunidades y financiación en España, Portugal, América Latina y Asia, y con el encargo de dirigir el Insitituto BEI.

Al ocupar una de las ocho sillas de vicepresidente del Comité de Dirección del banco, Álvarez tiene derecho a un sueldo equivalente al de los vicepresidentes de la Comisión Europea, que perciben casi 24.000 euros mensuales más dietas. En concreto, tienen un salario base de 22.963,55 euros al mes sujeto a un impuesto comunitario, al que hay que sumar unas dietas por residencia del 15% del sueldo y unos gastos de representación de 991,38 euros cada mes. El presidente del comité, el alemán Werner Hoyer, recibe una suma algo superior, pues tiene un salario como el del presidente de la Comisión (25.351,76 euros mensuales, más dietas de residencia del 15% del sueldo y gastos de representación de 1.418,07 euros al mes).

El propio BEI afirma que el Comité de Dirección es el órgano ejecutivo permanente de la institución y que asume colegiadamente la gestión del banco, preparando las decisiones del Consejo de Administración y garantizando su ejecución, especialmente en lo que concierne a las operaciones de empréstito y de préstamo. En contraste, fuentes cercanas al BEI consultadas por LA RAZÓN explican que el trabajo de los vicepresidentes es más una cuestión de imagen y que tienen un buen nivel de vida. De hecho, esas mismas fuentes aseguran que han visto a Álvarez asistir a varias reuniones celebradas en martes acompañada de un intérprete por sus escasos conocimientos de inglés y que voló a Luxemburgo en la compañía aérea Luxair, que suele tener tarifas más caras. Además, en alguna ocasión habría dormido en el hotel Sofitel Luxembourg Europe, un establecimiento de cinco estrellas situado cerca de las instituciones europeas y que oferta habitaciones de entre 100 y 250 euros la noche.

De acuerdo con la declaración de bienes y rentas que la propia Álvarez ha presentado ante el BEI, aparte de ejercer de vicepresidenta del banco, la ex ministra no ocupa ningún otro puesto en fundaciones o instituciones educativas. Tampoco podría trabajar en ninguna empresa, ya que el Código de Conducta de los miembros del Comité lo prohíbe expresamente. En la declaración de bienes y rentas también aparece que su marido, Juan Manuel González-Aurioles, no tiene actividad profesional. Sin embargo, en el Registro Mercantil figura como apoderado de la sociedad Emgrisa (Empresa para la Gestión de Residuos Industriales S.A.) y su subsidiaria Desorción Térmica S.A., participadas ambas por la SEPI. Es más, aunque González Aurioles ha ocupado diversos puestos en Emgrisa, hace un par de años hubo polémica por su ascenso a consejero coincidiendo con la presencia de su mujer en el Gobierno.

Asimismo, Álvarez reconoce en la declaración que tiene un seguro de vida, depósitos bancarios y un fondo de pensiones, así como apartamentos en Sevilla, Madrid, Estepona (Málaga) y Málaga, una casa en Benalmádena (Málaga) y siete plazas de aparcamiento.

Ahora, su imputación en el «caso de los ERE» por la posibilidad de que permitiera «el dispendio continuado de fondos públicos» cuando era consejera de Economía de Andalucía, podría trastocar su situación. De momento, sólo está imputada y el BEI no ha querido pronunciarse, pero el Código de Conducta del banco exige a sus miembros que respeten la Ley, que mantegan una actitud digna e irreprochable y que eviten comportamientos que puedan avergonzar a la institución. A estos principios se incorporan los propios de otras instituciones europeas como la Comisión, cuyo código enlaza con el TFUE y fija que los comisarios que cometan faltas de conducta graves podrán ser cesados.