El PSOE da aire a los separatistas y apoya restar poder al TC

El Congreso de los Diputados dio ayer el primer paso para derogar la reforma del Tribunal Constitucional (TC), impulsada en solitario por el Gobierno en septiembre de 2015, con la aprobación de la toma en consideración a tal efecto promovida por el PNV.

El Congreso de los Diputados dio ayer el primer paso para derogar la reforma del Tribunal Constitucional (TC), impulsada en solitario por el Gobierno en septiembre de 2015, con la aprobación de la toma en consideración a tal efecto promovida por el PNV. El texto generó polémica hace un año por su tramitación de urgencia en plena campaña de las elecciones catalanas, con el desafío independentista como telón de fondo, y por las nuevas facultades que se atribuían al tribunal, entre ellas, la posibilidad de acordar la suspensión en sus funciones de aquellas autoridades o funcionarios públicos que no acatasen sus resoluciones. Esta atribución permitiría, por ejemplo, inhabilitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por promover la votación de la hoja de ruta soberanista en la Cámara autonómica. Este tipo de potestad sí opera en otros países de nuestro entorno como en Austria y Alemania, como se encargó de recordar el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y en el tiempo que lleva en vigor, el Constitucional no la ha ejercido, ya que cuando se ha producido algún desacato, se ha seguido el cauce habitual, dando traslado a la Justicia ordinaria o a la Fiscalía para abrir la vía penal. Desde el PP se puso énfasis en defender que la suspensión en sus funciones de estos responsables públicos es «preventiva» y no «punitiva», porque sólo opera durante el tiempo que se mantenga el desacato y va dirigido a aquellos que decidan incumplir la ley. «Quienes la cumplan nada tienen que temer», destacó el portavoz popular, Carlos Rojas.

Pese a todo, la toma en consideración de la derogación de la reforma del TC propuesta por el PNV salió adelante con un apoyo mayoritario –176 votos–, a excepción de C’s y PP –165 en contra–. El partido del Gobierno se reserva la opción de recurrir ante el TC para evitar que prospere su supresión. El voto decisivo de los socialistas permitió que siga el cauce parlamentario, aunque en el PSOE se emplazan al proceso de enmiendas para buscar el máximo consenso en la regulación y oponerse a la eliminación de la parte que recoge el recurso previo de inconstitucionalidad. Un apartado que los socialistas pactaron con el PP en 2015 para impedir que vuelvan a reproducirse situaciones como las del Estatut de Cataluña, que fue aprobado por el Parlament, el Congreso y en referéndum y después parcialmente anulado por el Constitucional. Los socialistas se abstuvieron en la proposición con reivindicación pareja de PdeCAT –antigua CDC–, evitando su aprobación, por entender que la del PNV es «técnicamente más correcta para su viabilidad» que la de los antiguos convergentes, que no proponen un texto alternativo al que se pretende derogar. Por el contrario, los nacionalistas vascos plantean que se recupere la legislación anterior a 2015 que prevé una multa y no la inhabilitación para quienes incumplan las sentencias del TC. Toda la oposición criticó la «instrumentalización» del tribunal convirtiéndolo en el «brazo ejecutor» y en el «verdugo» del Estado contra Cataluña. «No usemos lo jurídico para problemas políticos», le espetó al Gobierno el portavoz del PNV, Miquel Legarda. Varios intervinientes recordaron la presencia del candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, durante la presentación de la reforma y sus controvertidas palabras: «Se acabó la broma» para referirse al nuevo orden que imperaría a raíz de la implantación de la nueva regulación.

«El TC no coartará el debate»

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vuelve a estar acusada de desobediencia. El Tribunal Constitucional notificó ayer la admisión a trámite de un incidente de ejecución presentado por el Estado contra Forcadell por la aprobación en octubre de una resolución de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP sobre un referéndum unilateral en 2017. No obstante, y en su línea, la presidenta del Parlament se defendió en rueda de prensa apelando a la «libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados» y aseguró que mantendrá la misma actitud: «No dejaremos de cumplir nuestras funciones».