El coste del derecho a decidir en una Cataluña endeudada

Aunque encuestas como la del CIS no sirven para cargar de argumentos a Artur Mas, ya que la mayoría de catalanes continúa declarándose contraria a la independencia, el presidente de la Generalitat opina que «los catalanes están cada vez más desconectados del Estado español». Tanto es así que desde hace seis meses, Mas se ha puesto manos a la obra para ir diseñando la futura Cataluña independiente, ya que el president está convencido de que la supervivencia de la comunidad catalana como «nación» sólo será posible con la consecución del estado propio.

El camino hacia la consulta soberanista centra la mayoría de energías de un Govern con enormes dificultades para combatir las cifras de paro (617.288 personas estaban registradas en el mes de junio) y la creciente deuda (superior a los 50.000 millones). La difícil situación económica no ha impedido, sin embargo, generosas subvenciones del gobierno autonómico a las entidades que apoyan el derecho a decidir (65 millones desde 2011, según los cálculos del PP).

En paralelo, la Generalitat ya ha tomado una decena de iniciativas con el propósito de ir creando lo que él llama «estructuras de estado». Comenzó impulsando en el Parlament una declaración de soberanía para proclamar que Cataluña es un «sujeto político y jurídico soberano» –una iniciativa impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional–, siguió poniendo en marcha su propio organismo diplomático (Diplocat) y ahora ultima un proyecto de ley de acción exterior para blindar sus «embajadas» de las injerencias del Gobierno. Son sólo tres medidas en la línea de ir perfilando el estado catalán, pero no las únicas. Mas, por ejemplo, también ha aprobado un programa para definir el modelo de una hacienda propia en Cataluña, uno de los grandes proyectos de esta legislatura.

Sus dificultades para mejorar la situación económica contrastan con su brío para dar a las al proceso soberanista. Un consejo asesor para la transición nacional trabaja en la redacción de una veintena de informes sobre cuestiones de toda índole en relación al hipotético estado catalán y una comisión parlamentaria prepara la famosa consulta.