El CSIF ofrece a los funcionarios catalanes un protocolo ante las órdenes independentistas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha creado un protocolo de actuación con el objetivo de “blindar” a los funcionarios catalanes y protegerles ante posibles órdenes soberanistas.

El sindicato ha vuelto a mostrar su intención firme de colaborar con los funcionarios catalanes que se encuentren desamparados por la Generalitat y se sitúa visiblemente en contra de cualquier movimiento que el Parlament pueda dar y sea ilegal.

En concreto, el sindicato ha presentado hoy en Barcelona una guía con instrucciones sencillas y modelos de reclamación para las diferentes situaciones que pudieran plantearse a los empleados públicos en el caso de que las instituciones de la Generalitat avancen en sus planes independentistas”, según ha confirmado a LA RAZÓN Joan Escanilla, presidente del sindicato en Cataluña.

El presidente del sindicato confía en que el protocolo sirva para proteger al funcionario ante órdenes contradictorias, “ante cualquier mandato que emanara de la declaración del Parlament catalán”, asegura.

El protocolo de actuación también está provisto de un seguro, contratado con la compañía Arag, que sirve tanto para las suspensiones ordenadas por el Estado como por la Generalitat, un seguro del que el propio sindicato se hará cargo pagando las cuotas. El seguro se pondrá en marcha en el momento en el que un funcionario se vea suspendido de empleo y sueldo.

La nueva herramienta que está a disposición de todos los funcionarios recomienda que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. Así se podrá salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En los casos extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden en cuestión.

Según han transmitido los funcionarios a Escanilla, se encuentran “preocupados” y aunque por ahora no existe “ningún caso” ilegal, muestran temor por cómo pueda avanzar el proceso soberanista, y confían en esta herramienta para poder actuar bajo la legalidad vigente. Además, se sienten “tranquilos” de tener un “paraguas legal” que les proteja.