El despegue de la peseta al euro

La transformación económica ha permitido al país superar graves crisis, internacionalizar su actividad y subirse al tren europeo

La transformación económica ha permitido al país superar graves crisis, internacionalizar su actividad y subirse al tren europeo

Aunque no sea propiamente de 1978, en la senda de los 40 años económicos de la Constitución de 1978, es indispensable incluir aquí los Pactos de La Moncloa, que se acordaron en octubre de 1977, y que fueron un primer acto de consenso sobre economía, que facilitó mucho, después, el de carácter político con la Constitución. Demostrándose que todo el arco parlamentario de las nuevas Cortes Generales, tenían el propósito de desarrollar una política económica adecuada para salir de la profunda crisis en que entró en la economía española en 1973. Los Pactos supusieron un dispositivo novedoso para reducir la inflación que había llegado al 26 por 100 de tasa anual. Se determinó la masa salarial, que no podría crecer más de un 22 por 100, con un objetivo de inflación idéntico de cara al año 1978. Con otras medidas de reforma de instituciones se consiguió que en 1978 la inflación bajara al 19 por 100 en vez de al 22. Todo un éxito, que acabó con la desconfianza que los sindicatos CC OO y UGT mostraron inicialmente por la nueva estrategia económica.

La proyección de los Pactos de La Moncloa se mantuvo durante varios años en programas concretos a desarrollar, pero ya en 1979, el vicepresidente de Asuntos Económicos, Fernando Abril Martorell, propuso un Plan Económico del Gobierno, con toda una serie de modificaciones que se introdujeron al cambiar el presidente del Gobierno, de Suárez a Calvo Sotelo en febrero de 1981, tras el fracaso del intento de golpe de Estado. Las principales actividades del segundo presidente del Ejecutivo se circunscribieron en lo económico a la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos para coordinar la política petrolera y gasista, y a la fundación del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación.

1982 contempló la primera alternancia política en el Gobierno, con la llegada del PSOE, que en 1983 planteó un Programa Económico a Medio Plazo 1984/1987, que luego se prorrogó, en plan deslizante, hasta el 88. Sin grandes efectos en una economía que siguió con lento crecimiento e inflación, al agravarse la situación internacional con el segundo choque petrolero de 1979/80, que subió el precio del crudo de 14 a 32 dólares/barril.

El PEAMA de González se completó con un Real Decreto Ley del 84 sobre reconversión industrial, así como con la creación de fondos para el desempleo y también para la urgente industrialización de determinadas zonas. Incidentes especialmente notables en el periodo fueron la expropiación de Rumasa en 1983 y, sobre todo, el ingreso de España en la Comunidad Europea en 1986, tras una negociación de 24 años, desde 1962.

El acceso a la CEE significó una revalorización de los muy depreciados activos inmobiliarios y financieros españoles, así como una fuerte entrada de capitales extranjeros, al estar ya el país en un mercado común de 300 millones de consumidores. E igualmente fue importante la ayuda de los Fondos Estructurales de la CEE, que se ampliaron con el Fondo de Cohesión Económica y Social, creado a instancias de España vía Felipe González. Esos fondos permitieron un desarrollo importante de las infraestructuras.

Se llegó en los años 90, con la aprobación del Tratado de Maastricht (1991), y con la llamada política de convergencia: una serie de criterios para aproximar entre sí los niveles de las principales variables económicas de los Estados miembros de la UE, que aspiraban a estar en la moneda común, el euro: bajo déficit público (no más del 3% del PIB), inflación contenida (menor del 2% sobre el año anterior), reducción de los tipos de interés, deuda pública de no más del 60 por 100 del PIB, y estabilidad monetaria. Todo lo cual fue objeto de serios incumplimientos en la etapa socialista. Las elecciones generales de 1996 dieron el triunfo al PP, con José María Aznar de presidente. Y Rodrigo Rato, que desde el Ministerio de Economía y Hacienda impulsó decididamente la política de convergencia, con cambios que tuvieron gran incidencia en la propia cultura financiera española, que de su viejo historial de inflacionario, pasó a una mayor estabilidad.

Ulteriormente, entre 2000 y 2006, se produjo un fortísimo «boom» económico, de componentes especulativos; con fuerte inmigración de casi cuatro millones de personas de Iberoamérica, Marruecos y Europa del Este, fundamentalmente. El proceso especulativo estalló en 2008, al pincharse la burbuja financiera de los créditos concedidos a muchos clientes insolventes, y el despliegue inmobiliario empezó a reducirse al caer los altos precios alcanzados. En ese contexto, resurgió el paro con mucha fuerza. Toda la Gran Recesión, como hoy se llama aquel periodo de 2008 a 2013, significó una caída en España, según las Cuentas Nacionales, de 8,5 puntos de renta en el quinquenio 2008-13. En tanto que el Banco de España cifró el empobrecimiento en un 30 por 100.

Después, con la llegada al gobierno del PP de Rajoy, De Guindos al frente de Economía, se inició en 2014 el proceso de recuperación, con un PIB creciendo en positivo a partir del 2013. Un proceso de saneamiento que se llevó a cabo en medio de grandes polémicas económicas, con mecanismos de austeridad y reformas, inducidas por una política común de la Unión Europea, vigilada por la Troika (BCE, FMI, Comisión Europea). Hasta el punto de que ya en el 2015 se llegó al nivel del 3 por 100 de crecimiento, mantenido en 2016 y 2017, con un descenso al 2,6 ya en tiempos del nuevo gobierno socialista. Conseguido por Pedro Sánchez, a partir de la moción de censura de junio de 2018, en una fase de desaceleración económica exterior. La crisis de la Gran Recesión dejó en España una penosa huella de paro y de desindustrialización. Pero lo fundamental fue el profundo proceso de internacionalización, con cifras muy significativas. Como sucede con la balanza por cuenta corriente (mercancías más servicios), en la que se ha pasado de un déficit del 10 por 100 en términos de PIB en 2008, a un superávit, o casi, en los años 2014 a 2017. Esa internacionalización se manifiesta en que hemos pasado de unos cien mil exportadores asiduos a más de ciento cincuenta mil, en tanto que las empresas del Ibex 35, en su cifra de negocios en el exterior, rebotaron desde un 40 por 100 en 2007, a más del 65 en el 2017.

Teniendo en cuenta la declinante población española, cabe decir que la competitividad ha aumentado de modo extraordinario, están haciendo de España un país más internacionalizado que Francia o Italia, y en Europa comunitaria sólo por debajo de Alemania. Lo demás ya no es historia, es el viejo juego de los presupuestos en unas Cortes que apoyaron la formación del gobierno de Sánchez desde posiciones soberanistas y antisistema. Que no garantizan un presupuesto normal para el 2019. En una situación de crisis política más que económica, que podría dar lugar a unas elecciones generales en 2019, con un cambio radical de la errática política emergente del gobierno corto del PSOE.