El efecto llamada del «Aquarius»

El 56,4% cree que la decisión de ofrecer Valencia al barco ha multiplicado la llegada de pateras. Más del 80% está en contra de que se concedan «papeles para todos» y de que España reciba a todos los barcos que rechaza Italia.

La irresponsable decisión del Gobierno de Italia de cerrar sus puertos a la llegada de embarcaciones con personas procedentes de países en conflicto, fundamentalmente de África, ha devuelto el debate de la inmigración a la primera línea de la política española. En junio, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció Valencia para que atracara el «Aquarius», en el que viajaban 630 inmigrantes que habían sido rescatados cuando navegaban a la deriva en el Mediterráneo. Desde entonces, la llegada de pateras se ha multiplicado en nuestras costas, los partidos de la oposición han criticado la «demagogia» del Ejecutivo socialista, la UE ha comprometido una partida de 30 millones de ayuda a España y Sánchez ha anunciado la creación de mando único de seguridad para controlar las fronteras y el Estrecho.

En este contexto, la inmigración ha pasado también a ser una preocupación para la mayoría de los españoles. Así lo pone de manifiesto la encuesta de NC Report para LA RAZÓN: un 84,5% de los encuestados considera que la llegada sin control de inmigrantes ilegales se va a convertir en un problema grave para España. Una percepción que se agudiza entre los segmentos de población con más edad, ya que hasta el 88,4% de las personas con más de 55 años ve posible que esta cuestión se convierta en un problema grave a medio plazo. Entre los jóvenes –de 18 a 34 años–, también piensa así el 73%. Por contra, apenas un 12% de los encuestados considera problemática la llegada sin control de inmigrantes.

La llegada del «Aquarius» a Valencia, autorizada por el Gobierno y aplaudida por buena parte de la comunidad internacional, supuso un punto de inflexión en la política de inmigración europea. A juicio de los encuestados, además, ha significado un aliciente para que las mafias reedirijan el flujo de embarcaciones rumbo a nuestras costas: un 56,4% de los españoles cree, según la encuesta, que la llegada del «Aquarius» desencandenará un efecto llamada, frente al 30,2% que considera lo contrario. Preguntados por si España debe recibir todos los barcos con inmigrantes ilegales que naveguen por el Mediterráneo, un 83,9% cree que no. Un 11,8%, sin embargo, sí defiende que los puertos españoles deban ofrecerse para que atraquen todas las embarcaciones de rescate de las ONG humanitarias.

Una de las propuestas lanzadas esta semana por el presidente del PP, Pablo Casado, consiste en articular un ambicioso «plan Marshall» de cooperación en los países de origen. En esta línea, un 92,2% de los encuestados considera que el primer control de la inmigración debería llevarse a cabo en estos países. Un 75,7% insiste además en la necesidad de evitar que lleguen a España las miles de personas que esperan en el norte de África a entrar en territorio europeo.

Los encuestados también muestran claramente su apoyo a las fuerzas de seguridad en su labor de defender el orden en las fronteras. Un 62,7% apoya a la Policía y a la Guardia Civil que trabajan en Ceuta y Melilla a la hora de impedir que entren los inmigrantes ilegales en territorio español. Un 27% evita dar este apoyo a las fuerzas de seguridad, porcentaje que se eleva hasta el 34,2% entre los más jóvenes.

En lo que tiene que ver con las actuaciones que debe articular el Gobierno hacia la inmigración ilegal que consigue llegar a España, los encuestados se manifiestan mayoritariamente en contra de la entrega de documentación de forma generalizada. Un 83,2% está en contra de la concesión de «papeles para todos», frente al 10,9% que es partidario de regularizar a todos las personas que arriban a las costas. De hecho, el 76,1% de los preguntados en el sondeo considera que España debería permitir la entrada sólo de aquellos inmigrantes legales que cuenten con un contrato de trabajo y que se ajusten al perfil profesional que demanda nuestra economía. Un 19,9% de los españoles señala, sin embargo, que la posesión de ese contrato no debe ser la condición única para su regularización. El 63,5% asegura a su vez que la llegada de millares de inmigrantes a España puede afectar al sistema público sanitario y educativo así como a las prestaciones sociales.