El ex interventor afirma que Griñán era el «destinatario» de sus informes-denuncia

Declarará hoy para demostrar que presentó 15 informes con las irregularidades

Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía
Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía

El interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, declaró ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, quien instruye la causa del fraude de los ERE contra cinco aforados nacionales –entre ellos, los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán– que en los informes realizados por su departamento se advertía no sólo de la «insuficiencia presupuestaria» que originaba el sistema empleado para la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo, sino que «se estaba eludiendo el procedimiento legal para la concesión de subvenciones». Esos informes, señaló, se remitían a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda, y siempre que se remitían se hacía con la advertencia de que «el destinatario del mismo es el consejero». De esta forma, contradijo a lo declarado tanto por Chaves como por Griñán y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, quienes aseguraron que en ningún momento recibieron informe alguno donde se advirtiese de una posible ilegalidad en el sistema utilizado para esas ayudas y subvenciones.

En este sentido, Gómez Martínez –imputado en la causa que instruye la jueza Mercedes Alaya–, manifestó a su salida del Tribunal Supremo que «la intervención emitió informes que pusieron de manifiesto irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el Gobierno hubiera tomado medidas, pero durante diez años se ha hecho oídos sordos y se ha mirado para otro lado».

Otro de los argumentos esgrimidos por Chaves y Griñán fue que la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no elaboró ningún «informe de actuación», el que se realiza cuando se entiende que hay un menoscabo de fondos públicos –como sí se hizo respecto a sendas intervenciones en las consejerías de Sanidad y Educación–, sobre el sistema de concesión de esas ayudas. Al respecto, el ex interventor general aseguró que ello es sólo una «excusa, puesto que el consejero de Hacienda –en esos momentos, José Antonio Griñán– tiene como competencia el control financiero de la Junta», por lo que «si se le está advirtiendo de que hay un déficit importante, no tiene por qué esperar a ningún otro informe» puesto que tiene competencias «para actuar».

De esta forma, Griñán, como consejero de Hacienda, «podía haber ordenado distintas medidas al tener constancia de estas irregularidades en el informe de auditoría, ordenar la suspensión de los pagos, de las corrientes del Instituto de Fomento Andaluz –organismo público dependiente de la Consejería de Empleo a través del cual se canalizaban las ayudas subvenciones–», y de igual forma podía haber actuado el responsable de Empleo.

Junto a ello, reconoció que el contenido de esas actuaciones de control no lo despachó «nunca» con los consejeros ni con los presidentes de la Junta. Los informes se remitían al viceconsejero de la consejería afectada, «pero con la advertencia expresa» de que «el destinatario del mismo es el consejero». De esta forma, en el caso de Hacienda, los informes llegaban a la que era viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, quien recientemente admitió ante el TSJ de Andalucía que recibió los mismos, pero que no los trasladó al consejero, José Antonio Griñán. «Si el consejero es el destinatario de un informe y en cuatro años no recibe ninguno, a lo mejor debería preguntar por ellos», afirmó al respecto el ex interventor. Sin embargo, insistió en que el destinatario final era el responsable máximo de la consejería, y lo hizo con una frase más que significativa: «El consejero de Hacienda es el destinatario de los informes de actuación, pero no para que los guarde en un armario».

Desde las defensas de Chaves y Griñán se sostiene que ningún informe de actuación se realizó por el interventor sobre los ERE. Sólo remitió «informes de cumplimiento» a la viceconsejera de Hacienda «para su conocimiento», según se recoge literalmente en la carátula de uno de los informes de cumplimiento dirigido a la misma.