Política

Caso ITV

El fiscal pide imputar a un exmediador y un alto cargo del tripartito por cobrar de la trama

El fiscal ha pedido que se impute al exsubdirector general de Política Industrial Lluis Gasull y al antiguo mediador en el sector de la inspección de la vehículos Joan Martí Arjona, por cobrar supuestamente de la trama corrupta de las ITV para defender sus intereses ante el gobierno tripartito.

La fiscalía solicita ambas imputaciones en un escrito remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Enric Anglada, que investiga esta supuesta trama corrupta, en una causa en la que está imputado el diputado de CiU Oriol Pujol.

El fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado pide que Gasull y Martí sean investigados por un juzgado de instrucción de Barcelona en una causa independiente de la trama de las ITV que instruye el TSJC, al no tratarse de aforados.

Las sospecha del fiscal se basan en un informe de la Agencia Tributaria del caso de las ITV, que concluye que el empresario imputado Ricard Puignou trató de influir directamente en el desarrollo de la Ley de Seguridad Industrial a través del tripartito, además de mediante CiU -que entonces estaba en la oposición-, para beneficiar los intereses de la supuesta trama corrupta.

En el marco de esas gestiones para influir en el tripartito, la Agencia Tributaria cree que Gasull cobró 86.000 euros de la trama corrupta, por lo que el fiscal pide que se le impute por los delitos de cohecho y/o tráfico de influencias.

Gasull ejerció como subdirector general de política industrial entre mayo de 2007 y mayo de 2008 y actualmente ejerce como coordinador de política energética de la Generalitat.

Según el informe de Hacienda, Puignou contrató también en 2008 a Martí Arjona para que tratara de influir supuestamente "en diversos sujetos con puestos claves"en el departamento de Industria del gobierno catalán, entonces dirigido por el republicano Josep Huguet.

A cambio, Martí Arjona percibió en una cuenta de la que era titular en Andorra un total de 6.000 euros mensuales al menos entre marzo de 2008 y noviembre de 2008, a través de la empresa Inteca SA, gestionada por Puignou y con sede en Luxemburgo, añade el informe.

Los investigadores de la Agencia Tributaria admiten no obstante en su informe que no se ha podido comprobar si estos pagos se extendieron durante más tiempo, al tratarse de transacciones que no se declaran en España y que por lo tanto quedan fuera del control de Hacienda.

Según el informe, a lo largo de todo el año 2008, Puignou confeccionó documentos y memorandos en los que exponía sus intereses a Joan Martí Arjona, para que éste los utilizara en las gestiones que debía realizar ante la Generalitat.

En este contexto, el 9 de mayo de 2008, Martí Arjona envió un correo electrónico al conseller Huguet comentándole la problemática existente referente a las ITV y sugiriéndole una solución al problema en la línea que sostenía Puignou, para lograr una reducción de cuotas y plazos.

En junio de 2008, Martí Arjona también envió un correo a un dirigente de ERC solicitándole una reunión con el entonces líder de la formación republicana, Joan Puigcercós.

En ese correo, le exponía que "sería conveniente para el Proyecto nuestro de ITV netamente catalán"(sic) que mantuviera una entrevista con Puignou y con Oriol Pujol, para ver si podían "acercar posiciones"a través de la Ley de Seguridad Industrial para resolver "la escalada de tensión actual y futura"en el sector.

El fiscal pide en su escrito que la investigación sobre la actuación de Joan Martí Arjona y Lluis Gasull se remita al juez decano de Barcelona para su reparto, si bien el magistrado del TSJC que lleva el caso de las ITV ha acordado en un auto que antes de que se adopte ninguna decisión debe escuchar a fiscal y acusaciones, el próximo 20 de enero, para que le concreten la supuesta intervención delictiva de ambos.