El Gobierno aplazará a las comunidades su puesta al día con los ayuntamientos

El dinero es el último escollo para la esperada reforma local. En concreto, el rechazo de las comunidades autónomas (CC AA) a asumir el coste de la financiación de competencias que hasta ahora ejercían de manera impropia los ayuntamientos, y que la nueva ley reordena y coloca a cargo del presupuesto autonómico, como en teoría tendría que haber sido siempre. En estos años los ayuntamientos han ido asumiendo funciones que no les correspondían bajo acuerdos bilaterales, no cumplidos en su mayoría, por los que las comunidades se comprometían a transferir los fondos necesarios para mantener esos servicios. En otros casos, han sido los propios ayuntamientos quienes en los momentos de bonanza han ido multiplicando por su cuenta la oferta de servicios a sus ciudadanos y ahora se encuentran en la tesitura de tener que revisar todas esas prestaciones y establecer prioridades.

El proyecto de ley de reforma local pasó por primera vez por el Consejo de Ministros a finales de julio del año pasado. Desde entonces se han ido acumulando retrasos y obstáculo por distintas razones, desde el intento frustrado de buscar el acuerdo con el PSOE, durante meses, hasta el rechazo de los alcaldes al planteamiento inicial de recorte de sueldos de los concejales o de su número en toda España. Todas esas cuestiones han ido quedando cerradas y el último problema es el reparto competencial, no tanto por el quién hace qué, sino por el quién lo paga. El acuerdo final es que en líneas generales los ayuntamientos no asuman el gasto en Educación y Sanidad, y pierdan también otros poderes, por ejemplo, en vivienda. Esto obliga a las comunidades a firmar convenios para sostener la política social local, pero éstas se han plantado con el argumento de que ya bastantes problemas económico-financieros tienen como para asumir más coste. Alegan también que dado que los ayuntamientos han ido poniéndose mejor al día, son ellos los que están en mejores condiciones para continuar sosteniendo estos servicios.

Hasta ahora ha sido habitual que muchos ayuntamientos se hayan visto envueltos en la trampa de que las comunidades han ofrecido prestaciones asistenciales bajo una fórmula que aparentemente les era rentable, pero que al medio plazo se ha convertido en otro agujero para sus presupuestos. El procedimiento era que el Gobierno autonómico se comprometía a cubrir financieramente una importante parte del servicio, pero ese dinero dejaba de enviarlo o al cabo de unos años suprimía oficialmente la prestación. Y el Ayuntamiento, que es quien tiene el problema social, y el que da la cara ante los ciudadanos, no tiene más salida que la de seguir pagando el servicio.

El Gobierno parece que ha optado por la solución salomónica, ni para ti ni para mí, aunque la práctica puede llevar a que, como ha ocurrido hasta ahora, sean los ayuntamientos los que acaben cargando con el «muerto». La solución que se está negociando es abrir un periodo de transición para que las comunidades asuman todos los gastos que les corresponden. Es decir, que lo vayan haciendo poco a poco, con un margen de 5 o 10 años. Eso es lo que se está negociando ahora. Sostienen desde el Ejecutivo que éste es ya el único fleco pendiente antes de remitir de nuevo el proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Y garantizan que un año después de que la reforma echase a andar, esta vez sí estará aprobada como muy tarde en junio.

Los Gobiernos autonómicos, en cualquier caso, mantienen las espadas en alto en un tablero en el que presionan al Gobierno por varios frentes: el déficit, la reforma del sistema de financiación o esta reforma local que también les afecta.