Comisión de la verdad para revisar el franquismo

La ministra de Justicia busca una «justicia restaurativa» frente a la «historia oficial» y encarga un informe para ilegalizar la Fundación del dictador.

Una de las reformas que llevará a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con cierta celeridad será la que afecta de forma integral a la Ley de Memoria Histórica, que tendría siete puntos principales. En primer lugar, declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, así como impulsar desde la Administración pública las exhumaciones, según adelantó ayer en el Congreso de los Diputados la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

En ese punto adquirirá una importancia más que notable la previsión de crear una «Comisión de la Verdad» para la Memoria Histórica, de la que formarán parte personas próximas al Ministerio de Justicia, académicos, historiadores y, probablemente también algunos juristas. Uno de los objetivos principales de dicha comisión, según señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas a Justicia, consistiría en «verificar la historia», comprobar los testimonios de quienes todavía viven y fueron víctimas del franquismo.

Así, se trataría de buscar una «Justicia restaurativa», que permita reconocer el sufrimiento, torturas, etc, de quienes las sufrieron directamente o tuvieron conocimientos directos de esos hechos. No se busca, según las citadas fuentes, «reescribir la historia», pero sí poner «el sufrimiento de las víctimas frente a la historia que es «oficial», que se «transmitió» por el régimen anterior.

Un ejemplo que se podría seguir sería el que existe en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, donde las personas que sufrieron la barbarie nazi y ya están al final de sus vidas puedan dejar constancia de lo sucedido, para evitar que caiga en el olvido. En este caso, el objetivo puede ser similar: evitar el olvido y que no se conozca una parte de nuestra historia.

En todo caso, esta Comisión de la Verdad no será, en ningún caso, una especie de «tribunal» ante el que se pueda instar la anulación de sentencias dictadas por el franquismo o reclamar indemnizaciones por los daños sufridos. Para lograr esos fines ya existen otras instancias.

Por otro lado, dentro del estudio de la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica se abordará igualmente «resignificar el Valle de los Caídos», así como retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, «con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos». La ministra Dolores Delgado no quiso poner plazo a las exhumaciones de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera.

Junto a ello, el Ejecutivo prevé reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y anunció que su departamento estudiará «la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo».

La titular de Justicia también adelantó que la nueva Dirección General para este estudio será la que establezca los «planes de búsqueda de desaparecidos» durante la Guerra Civil y el franquismo, y que contará con expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como con representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica.

Esta dirección general, añadió Dolores Delgado, hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación «y procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».

Y es que, destacó la titular de Justicia, «es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición».

Para justificar la revisión de la Ley de Memoria Histórica, aludió a las «reclamaciones sistemáticas» de la ONU al Gobierno español para que «lidere las exhumaciones y cubra los déficits de verdad y de Justicia que existen en España» en relación a este asunto «y que estamos moralmente obligados a hacerlo». Así, señalo que «no puede ser» que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus familiares.