El Gobierno destituye al delegado y el PP le suspende de militancia

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer el cese del delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellano, después de que saltase la noticia de que acababa de ser detenido por la Policía acusado por corrupción en la concesión de contratos públicos durante su etapa como consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana.

«Tan pronto como se ha tenido información de esta investigación judicial, se ha procedido al cese de manera inmediata», confirmó Sáenz de Santamaría. La designación de su sustituto, cargo para el que se señala a su «número dos», Juan Carlos Valderrama, tiene que esperar porque la nueva legislación en materia de regeneración democrática que ha impulsado el Gobierno en esta Legislatura obliga a elaborar un «informe de idoneidad» y que el candidato supere los requisitos que establece la Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. Castellano no fue sometido a este informe porque la nueva normativa no había sido todavía aprobada. Al respecto, la vicepresidenta aclaró que la investigación sobre posibles irregularidades en el patrimonio las investigan los jueces y la Policía, y que el Gobierno ha actuado en cuanto ha tenido conocimiento de ellas.

Asimismo, El PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) suspendió de manera cautelar de militancia a Castellano. «Los hechos que se han conocido conculcarían, al menos y sin ánimo de exhaustividad, lo previsto en el artículo 13.1.i) de los actuales Estatutos del partido al actuar en el ejercicio de un cargo público de forma contraría a los principios del partido», señaló el PPCV a través de una nota informativa. El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV, Alfredo Castelló, y la vicesecretaria, Tania Ortiz, acordaron la apertura de un expediente informativo a Serafín Castellano y su suspensión cautelar de militancia. La detención de Castellano, que también fue consejero de Gobernación en la Generalitat Valenciana, se produce después de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado presentara una denuncia contra él en el marco de una investigación sobre la relación de Castellano con un empresario, Vicente Huerta, propietario de Avialsa, informa Sevimedia. «Todo cargo público y orgánico del partido ha de observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones», indica el comunicado del PPCV.