Sánchez no convocará elecciones antes de 2019

Moncloa asume que la presión de los independentistas y su minoría parlamentaria complican su intención de agotar la legislatura hasta 2020. La estrategia es seguir negociando con sus socios y ganar tiempo.

La tensión dentro del Gobierno por el tono amenazante que ha adoptado la nueva dirección del PDeCAT y los evidentes escasos apoyos para apoyar el techo de gasto incluso por parte de sus propios socios de Gobierno se palpan en declaraciones y reacciones de los miembros del Ejecutivo de Sánchez. Ayer fue por parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien en un desayuno informativo aseguró que «nadie está pensando en adelantar elecciones pero que nadie va a resistir más allá de lo razonable porque sería absurdo». Pese a que el Gobierno reaccionó enseguida informando a los periodistas de que Sánchez tiene intención de «agotar la legislatura», fuentes del propio Ejecutivo aseguran a este periódico que «la hoja de ruta del Gobierno quedó clara en la moción de censura: estabilidad y elecciones», por lo que si esta estabilidad desaparece se abre la posibilidad de un adelanto electoral, aunque estas fuentes matizan que «no será en octubre», como se ha especulado, salvo acontecimientos inesperados. Este posible adelanto se fija para finales de 2019 –como también planeaba Mariano Rajoy– para que no coincidan con el complejo tablero electoral: en mayo, europeas, municipales y autonómicas ni con las andaluzas –previstas en octubre de este año–, y quizás catalanas, según los planes de Puigdemont, como adelantó LA RAZÓN la pasada semana, que las planea convocar a partir del 27 de octubre con el fin de garantizar su liderazgo en el independentismo a costa de ERC. Además, fuentes socialistas recuerdan que Pedro Sánchez ha dicho en alguna entrevista que no es partidario de la coincidencia electoral de las generales con otros comicios.

El propio Miquel Iceta salió ayer a la palestra y manifestó su pesar porque «PP y PDeCAT hayan tomado las posiciones más extremistas», y aseguró sin florituras que «si en un momento determinado el Gobierno considera que no tiene suficientes apoyos deberá convocar elecciones y habrá otro Gobierno con más fuerza». En las declaraciones oficiales del Ejecutivo de Sánchez a los medios se hace un llamamiento a «la responsabilidad de los partidos políticos para mantener abiertas las vías de diálogo que permitan seguir tomando decisiones», mensaje que desde los partidos que le apoyaron en la moción de censura se interpreta como que Moncloa «hace un amago de convocatoria electoral para forzar acuerdos».

El Gobierno, siempre en estas declaraciones oficiales a los periodistas, reconoce asimismo que «es consciente de los cambios producidos en los ultimos días en el escenario político», pero añaden que «eso no varía su compromiso con el nuevo cambio político iniciado por Sánchez». En estos cambios entra la estrategia de Puigdemont de «cuanto peor, mejor»: la desestabilización agudizando el pulso con el Estado y también, acentuando el pulso con ERC para implantar la hegemonía de Crida Nacional en el mundo soberanista. En pocos días, el Gobierno de Sánchez tiene que afrontar dos votaciones importantes: techo de gasto y administrador único de TVE. Y puede perder estas votaciones si el nuevo PDeCAT de Puigdemont le deja en la estacada, Compromís se abstiene o Podemos le abandona. De momento, el PDeCAT de Puigdemont no ha tomado una decisión sobre apoyar el techo de gasto, aunque se intensifican los contactos entre los miembros de la Crida Nacional y el ex presidente Puigdemont. Los republicanos mantienen la prudencia, pero consideran que sería un error «no aumentar la capacidad de gasto de 0,1 a 03. En ello nos van 350 millones de euros. Es mejor tenerlos a no tenerlos», afirman, en referencia al dinero que perdería la Generalitat si el techo de gasto no sale adelante. En el PDeCAT hay posturas enfrentadas pero «todo dependerá de Puigdemont», reconocen en su entorno, aunque diputados como Carles Campuzano y Jordi Xuclà se han erigido en los máximos exponentes de apoyar la propuesta del gobierno, además de la senadora Marta Pascal, que mantiene su escaño después de su «expulsión» de la dirección del partido. La clave está en Puigdemont, que «está en otra órbita y le da exactamente igual el techo de gasto, solamente le importa la inestabilidad que favorezca la constitución de la República», apuntan fuentes cercanas al partido, Crida Nacional per la República.

PP y Cs son clave en el debate del techo de gasto, sobre todo el PP, que puede tumbarlo en el Senado con su mayoría absoluta, y ambas formaciones ya han negado su apoyo. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ya se explayó ayer desde la sala de prensa del Parlament de Cataluña, en la que afirmó que le «duele que un pacto de Gobierno pueda ser moneda de cambio» para que el Ejecutivo de Sánchez decida «mirar hacia otro lado», informa Ep. Para Rivera, «Sánchez ha roto el acuerdo constitucionalista», dada su política de pactos para que prosperara la moción de censura y, a su juicio, ésta es «una legislatura acabada» de la que «no va a salir nada nuevo» y por eso, concluyó, el presidente del Gobierno «va a tener que convocar elecciones anticipadas».