El Gobierno defiende la eficacia de la euroorden y del espacio Schengen

Rechaza de manera tajante suspender la aplicación del tratado Schengen en España a modo de protesta como pide el PP

El Gobierno ha dejado claro hoy que no tiene dudas sobre la eficacia de la euroorden como mecanismo de cooperación jurídica y ha defendido con firmeza el espacio Schengen ante la petición que hizo ayer el PP de que España se retire del espacio Schengen.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha respondido a varias preguntas sobre la negativa de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein a extraditar a España Carles Puigdemont por rebelión.

Sobre la decisión judicial, Celaá tan solo ha mostrado el "respeto más absoluto"del Gobierno a las decisiones judiciales, que no han sido abordadas en el Consejo de Ministros.

Pero también ha defendido el funcionamiento de la orden europea de detención y entrega (euroorden) ante las críticas que se están produciendo a raíz de la decisión de la justicia alemana.

Y sobre todo ha defendido el espacio Schengen "en todos los sentidos"después de que el vicepresidente del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, pidiera la suspensión del Acuerdo tras la decisión de Alemania sobre Carles Puigdemont.

La portavoz ha advertido de que hacer ese tipo de planteamientos es "alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas".

Celaá ha eludido pronunciarse sobre la reforma de la tipificación del delito de rebelión que hizo Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición para adaptarla al desafío secesionista. "Ese asunto no se ha tratado en el Consejo de Ministros", ha dicho.

Paralelamente, el Gobierno ha reconocido hoy que tendrá que incumplir otro de los compromisos que asumió en la oposición. El Ejecutivo desiste de la publicación de la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro porque en la actualidad “no se puede hacer”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que únicamente “se podría hacer efectivo con una modificación legal para nuevas amnistías fiscales”, cuya promoción “desde luego no están en la hoja de ruta de este Gobierno”, pero que en todo caso “no tendría efecto retroactivo”. Lo que supone que los que se acogieron en el pasado no saldrán a la luz. El Gobierno sí se compromete a intensificar la lucha contra la evasión fiscal y que, en un ejercicio de “transparencia” sí que se publique quienes no cumplan con sus obligaciones.

La negativa a publicar esta información se produce después de que “OK Diario” apuntase que el Rey emérito podría haberse acogido a la amnistía fiscal para regularizar fondos. El Gobierno ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión, señalando que se trata de grabaciones del pasado y que no afectan al actual jefe del Estado. “Ni las consideramos”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Montero, por su parte, también ha dejado claro que la Agencia Tributaria “no habla de expedientes ni de contribuyentes”.

El Gobierno avanza hacia una solución de la situación que vive el Campo de Gibraltar. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la tramitación de una ley orgánica contra el contrabando por el que se “prohibirán” las lanchas de alta velocidad que utilizan los narcotraficantes. Éstas solo se podrán utilizar por parte de organismos o entidades públicas, así como por servicios de salvamento. En concreto, el Ejecutivo prevé “decomisar” este tipo de lanchas de gran cilindrada cuando sean detectadas, aunque no transporten carga ilícita.