El Gobierno esperará al Pleno para impugnar la investidura de Puigdemont

«En el momento en que haya un acto jurídico que podamos recurrir, evidentemente lo haremos», ha manifestado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), durante la declaración en la que ha propuesto a Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat. EFE/Alberto Estévez
El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), durante la declaración en la que ha propuesto a Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat. EFE/Alberto Estévez

El Gobierno ha admitido que no ve recurrible la firma de la propuesta de investidura de Puigdemont que ha realizado el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero ha señalado que la estudiará.

El Gobierno no recurrirá la propuesta de investidura de Carles Puigdemont avalada por el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, y que ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial de la Cámara. El Ejecutivo no quiere dar un paso en falso y esperará a que se celebre el Pleno de investidura –todavía sin fecha– y se constate, en su caso, la ausencia del candidato de Junts per Catalunya. Si la Mesa del Parlament allana entonces la investidura telemática del ex presidente, la Abogacía del Estado recurrirá inmediatamente ante el Tribunal Constitucional (TC) esa decisión y el acuerdo quedaría automáticamente suspendido. En este supuesto, y si el Parlament siguiese adelante con el procedimiento, la posible reelección de Puigdemont dependería de la celeridad del Pleno del TC en pronunciarse sobre la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por otra parte, si finalmente Puigdemont optase por regresar sorpresivamente a España (una posibilidad que fuentes de su entorno siguen negando), su detención sería inmediata y su asistencia al debate de investidura quedaría en manos del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la «macrocausa» contra los principales responsables del proceso independentista.

«Cada cosa a su tiempo. Hoy sabemos una cosa y hay que ver qué consecuencias tiene. En el momento que haya un acto jurídico que podamos recurrir, evidentemente lo haremos», aseguró ayer José Luis Ayllón, todavía secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, informa Ep. «Lo que vamos a estudiar –añadió en los pasillos del Congreso– es si la posibilidad de que una persona que hasta ahora ha manifestado su voluntad de no estar presente en la jornada de investidura» está avalada por el Reglamento del Parlament y el informe de los letrados de la Cámara.

Y es que el Gobierno quiere impedir a toda costa una investidura «exprés» de Carles Puigdemont que le deje sin capacidad de reacción ante el Tribunal Constitucional (TC) y le obligue a reaccionar una vez el líder de Junts per Catalunya haya sido ya reelegido como presidente de la Generalitat. Para evitarlo, el Ejecutivo debe impugnar, a través de la Abogacía del Estado, cualquier disposición de la Mesa del Parlament que allane esa investidura telemática. Hasta el momento, el único movimiento del nuevo presidente de la Mesa ha sido el de proponer a Puigdemont como candidato. Si el Gobierno hubiera optado por impugnarlo, se habría garantizado su suspensión automática (que en todo caso sería cautelar y por un plazo no superior a cinco meses) dejando a Puigdemont fuera de la carrera por la reelección, pero ese paso no está exento de riesgos: la posible quiebra de la unanimidad de los doce magistrados del Pleno del TC que hasta ahora ha caracterizado cualquier respuesta del Constitucional al desafío soberanista. Una unidad que el Gobierno no quiere que se rompa en ningún caso para evitar dar munición jurídica a los independentistas.

De ahí que deba sopesar con cautela el acto a impugnar (la mera propuesta de Puigdemont como candidato sin constatar si sería finalmente por vía telemática o no puede plantear dudas a algunos magistrados), un tira y afloja en el que Puigdemont intenta ganar tiempo y prolongar la incertidumbre todo lo posible.

Una investidura «exprés» sería anulada en todo caso, pero «a posteriori», una vez que se hubiese votado en el Parlament con el valor simbólico que este acto tiene. Y ésta es la carta que Puigdemont ha decidido guardarse hasta el último momento: esperar a que se celebre el Pleno para confirmar si él está o no en la Cámara y retrasar así la puesta en marcha del mecanismo de la impugnación.

La retirada de la petición de la delegación de voto es la primera «trampa» para evitar el conflicto con el Estado. Pero es que además la estrategia es intentar que no sea ni siquiera necesaria. Fuentes soberanistas consultadas confirman que es probable que los ex consejeros fugados a Bruselas con Puigdemont dejen «pronto» su acta de diputados. Con esta sustitución de como mínimo tres diputados en Bélgica, y suponiendo que la CUP sumará en el último momento sus votos a JxCat y ERC, los independentistas se asegurarían para la investidura al menos 68 votos –sin contar el de Puigdemont, pero sí el de los tres diputados que permanecen presos, y que ya pudieron delegar su voto en la sesión constitutiva–. Así no haría falta recurrir al voto delegado de nadie y Puigdemont podría sortear incluso en primera vuelta su investidura, nula, pero votada por el Pleno de la Cámara.

El PP no tiene representación en la Mesa, por lo que el Gobierno está en manos de la negociación que puedan forzar Ciudadanos (Cs) y PSC para obligar a Torrent a que aclare de qué manera va a ejecutarse la investidura de un candidato que sigue fugado y que exige un acuerdo para poder volver a ser investido sin ser detenido, una decisión que depende de la Justicia y que «es inviable porque nadie puede tener un trato privilegiado», sentencian en el Gobierno.